La investigación de la empresa Odebrecht marcó definitivamente un punto de inflexión en casos de corrupción, no sólo en Brasil, sino en toda la región y el mundo. Las indagaciones que se iniciaron en el país vecino y siguieron en Estados Unidos dejaron a Argentina al descubierto: hace 16 años que no cumple la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE ¿Cómo juzgar a los empresarios y políticos involucrados? ¿Qué hacer frente a las declaraciones contundentes de ejecutivos de la constructora sobre pagos millonarios de sobornos en el país?
La ley de “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, enviada al Congreso hace ya casi un año, va en busca justamente de ese camino, intentando sanear este vacío legal que nos deja detrás de varios países de la región. Ahora bien, la ley ¿genera conciencia en el empresariado local o simplemente actúa después del delito? La ley del Ejecutivo prevé la creación de un “Programa de Integridad” dentro de las empresas, estos están diseñados para detectar conductas ilícitas cometidas en la sociedad, cuya ausencia o ineficiencia constituye el fundamento de la responsabilidad penal.
El Programa que propone la ley está emparentado definitivamente con el de cumplimiento y de esta manera los Oficiales de Cumplimiento deberán agregar una nueva lista de normas. Pero entonces la siguiente pregunta es: ¿Cuántas empresas poseen programas de Cumplimiento? Según el último informe de fraude elaborado por Kroll, el 82% de las compañías sufrió incidentes de fraude en los últimos doce meses y esto se debe a fallas concretas en los procesos de Cumplimiento principalmente dejando al descubierto una problemática que afecta a empresas de todo el mundo.
Por último, la pregunta es: ¿cómo es posible generar nuevos programas de integridad si aún los de Cumplimiento poseen fallas? Si los enormes costos en multas y reputación de las empresas cuando suceden fraudes corporativos no han sido una buena lección, seguramente la responsabilidad penal definitivamente les permita tomar conciencia. Es en definitiva hora de tomar conciencia de que la prevención es posible: el compromiso de los Directorios de las empresas, los códigos de ética, la evaluación de riesgos, la creación de alertas tempranas y los procedimientos que establezcan reglas claras para interactuar ya no sólo con los proveedores sino con todo el sector público, serán las claves de la ley.
Juan Cruz Amirante es Head Office de Kroll para Argentina, donde se especializa en complejas investigaciones financieras y tareas de contabilidad forense para la industria de servicios financieros y otras grandes corporaciones multinacionales en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Colombia. Como tal, ayuda a los clientes a mitigar los riesgos, detectar fraude corporativo, ayudar a las empresas a fortalecer sus controles internos y procedimientos para prevenir futuros fraudes.
Estimado Juan Cruz,
Admirable la gestión de la justicia en Brasil y otros países con el caso Odebrecht.
Sin embargo, parece improbable que podamos decir lo mismo de la administración de la (in) justicia Argentina.
En nuestro caso la mayoría de los casos de corrupción que conocemos por los medios mueren en el “campo santo” de la prescripción inducida. Además, nunca sabemos bien las ramificaciones que existen en el sector privado y por qué una buena parte del Congreso mira para otro lado y no copia las buenas reformas judiciales implementadas en Brasil que han sido la clave.
Poderoso caballero es Don Dinero!
Seguiremos mirando en el firmamento judicial nuevos fuegos de artificio?
Y la Corte, sabrá alguna vez que es un poder del Estado debiendo proponer mejoras en los procesos judiciales?
Los mansos contribuyentes que somos tendremos que seguir pagando los impuestos a un poder judicial cuyos miembros siguen sin pagar a pesar que su eficacia y eficiencia es más que reprochable?
Para los Compliance Officer de Brasil, el caso Odebrecht fue un punto de inflexión. En la última visita a San Pablo, me comentaban asombrados que la policía acababa de allanar una empresa vecina por temas de corrupción. A partir de este caso, los directivos de empresas de Brasil ya se toman muy seriamente la importancia de un Programa de Compliance. Al igual que en USA, el impacto de la corrupción ya no es algo lejano, sino que puede destruir tu carrera.
Esperemos que la nueva legislación local realmente ponga foco en la necesidad de contar con un Programa de Compliance «efectivo». Pongo esto último entre comillas, porque existe el riesgo de que, al igual que sucedía en muchas multinacionales hasta hace unos años, el Programa se reduzca a nombrar un Compliance Officer (que usualmente no tenía 100% de su tiempo para esto), hacer un entrenamiento anual y emitir un par de políticas.