En el marco del panel “el capital social: confianza, acuerdos y acción para transformar realidades complejas”, del XXII Encuentro Anual ACDE, la ministra de la Producción del Gobierno de Santa Fe, Alicia Ciciliani, relató su experiencia durante el trabajo con el proyecto de ley de financiamiento a la política. “Es un tema de reclamo social hacia los partidos políticos. Lo abordamos como un sistema, con el aporte de RAP, para que concluyera en un proyecto de ley, ya que contaban con los instrumentos y fundamentos para trabajar en largas reuniones”, destacó.
La funcionaria detalló que “trabajamos sobre la evidencia, sobre qué pasaba y cuál es el fundamento del financiamiento de la política. Avanzamos mucho para ponerlo en la agenda de líderes empresariales y en la de todos los partidos políticos”.
“Para mí, como socialista, el financiamiento debe ser del Estado” y resaltó “participé de un grupo plural, cómoda y podía escuchar otras exposiciones aunque fueran de otro pensamiento. Construimos un consenso. Las cosas no suceden de la casualidad o del voluntarismo, sino con trabajo, esfuerzo y construir un andamiaje institucional necesario”.
A su vez, el Presidente de la Fundación RAP, Alan Clutterbuck, aportó que “nuestro problema son las crisis recurrentes y el contrato social que tenemos no cierra. Todo esto se traduce en nuestra incapacidad para luchar contra la pobreza. En la Argentina, el capital social existente no alcanza, lo que habla de un problema estructural”.
El senador Nacional por la Provincia de Catamarca, Dalmacio Mera, sostuvo que “pudimos construir una Ley mejor para la Argentina respecto del financiamiento, cuidando extremos, como la cantidad de plata que se puede gastar, lo que desbalancea la cancha”.
Mera relató que “nos preocupamos por el tema del financiamiento del narcotráfico, el narcoterrorismo. Cuando esos flagelos nos cooptan, de ahí no hay retorno”.
Mera destacó que “si nosotros no entendemos que se terminó el sistema de mayorías y minorías, y no estamos dispuestos a escuchar al otro, como en la actualidad, será muy difícil. Esperemos que podamos revertir esa situación”.
Por su parte, el Secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior de la Nación, Adrián Pérez, afirmó que “tenemos un desafío como país” a la hora de presentar un proyecto sobre financiamiento de la política. “Cuando terminamos de ver los principales puntos, nos encontramos que opinamos casi lo mismo en todo. Lo que resulta difícil es plasmarlo y transformarlo en un objetivo en común”, explicó.
Desde su visión, el diagnóstico “era claro”: “transparencia y equidad eran los dos ejes sobre los cuales había que transitar. El gran problema de la política es el financiamiento en negro. Había que bancarizar los aportes recibidos, como primera medida, para que todo sea claro. Fuimos a un esquema de aporte empresario, bancarizado y registrado. Es una salida más razonable de lo que había. Y fortalecer a la Justicia para que haya control. Y generar equidad: ampliar período de veda y publicidad oficial. Fue un paquete construido colectivamente. Esto nos permitió tener la Ley”.
El secretario Legal y Técnico de la Nación, Pablo Clusellas, detalló que “la confianza y la transparencia es un tema que nos convoca mucho. Lo que pasa en el Poder Ejecutivo es aplicable al Poder Judicial. La transparencia es lo que la competencia es para el sector privado. El sector público sin transparencia no tiene competencia. No es solo por control, sino por competencia”.
“Actualmente el Gobierno es electrónico y ahora va hacia la inteligencia artificial. Nosotros ya pusimos casos de inteligencia artificial en la administración pública”, remarcó.
Por su parte, el socio gerente de Bulló Abogados, Guillermo Lipera, sostuvo que “el instrumento para lograr la confianza es la transparencia. Sin transparencia es imposible saber qué hacen los organismos públicos, privados y la sociedad. Hoy, por suerte, estamos en un tiempo histórico, que va a posibilitar llevar la transparencia a todo y que la propia sociedad lidere este tema para acceder a la verdad de lo que está sucediendo, en el ámbito público y privado”.
“Del Poder Judicial no podemos decir que suceda como en la administración pública en términos de transparencia y tecnología. En la Argentina, 7 personas auditan todos los casos de corrupción de los últimos 20 años. No sirve para nada. Todo el mundo sabe hoy que hay casos que duermen desde hace 20 años y algunos en la etapa de instrucción. Esperemos que la Corte entienda que si se digitaliza el Poder Judicial, será un avance”, contó.
Lipera remarcó que “queremos saber qué se hace con los expedientes en cualquier rubro”, al tiempo que indicó que “queremos saber por qué algunos abogados ganan siempre y un testigo siempre se repite, lo que hace pensar que trabaja de testigo”.
“No logramos todavía que se pueda trabajar en esto, porque se piensa que se pueda vivir en la opacidad” e interpeló a los presentes: “Todos nosotros somos detentadores del poder, por eso es nuestra responsabilidad de exigir transparencia y poner fin a la opacidad en la justicia”.