El Acuerdo de Paris (AP) tiene como objetivo principal mantener el aumento de la temperatura media mundial a fines de este siglo por debajo de 2 grados, con respecto a los niveles preindustriales. El último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático dice que, para lograrlo, las emisiones de gases de efecto invernadero deberían reducirse entre 40 y 70% al 2050 comparado con los niveles de 2010, y las emisiones netas deberían ser cero en 2100. Las herramientas que prevé el acuerdo para lograr su cometido incluyen las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs) y los mercados de carbono. Las primeras son compromisos de limitaciones de la cantidad de emisiones de cada país y los segundos son mecanismos para que dichas reducciones se hagan de la manera más barata posible. Esto es, que aquellos a los que les resulta muy caro reducir sus emisiones, compren las mismas en otros lugares del mundo dónde sea más barato. Así, la acción a favor del clima sería lo menos costosa posible.
Ya el Protocolo de Kioto contenía tres esquemas de comercio de emisiones. Argentina podía, por ejemplo, hacer reducciones de gases de efecto invernadero vía eficiencia energética o introducción de energías renovables, certificar dichas reducciones y venderlas a empresas de países que tuvieran compromisos cuantificables para Kioto. De hecho, la Agencia que se ocupa de estos temas en el país aprobó alrededor de 60 de estos proyectos entre el 2004 y el 2012.
Hoy, la situación es distinta. Dos cosas cambiaron radicalmente. En primer lugar, ciudades, estados, países y regiones desarrollaron sus propios sistemas de permisos comercializables de carbono. Varios de estos esquemas se relacionan entre sí. Por ejemplo, los mercados de bonos de las ciudades de Tokyo y Saitama (Japón), los de estados de California y Quebec, el esquema regional Europeo y los de Noruega y Australia. Estas relaciones hacen que cada uno de los mercados originales sea más grande, con lo cual aumentan las chances de precios más bajos, mayor competencia, etc.
A su vez, China lanzó este año su propio mercado de bonos, el cual involucrará 40% de las emisiones del gigante asiático (que son 30% del total mundial). Ahora el mercado internacional de permisos de carbono (una vez que se restan los esquemas domésticos), es mucho menor que al momento de la cumbre de Kioto. De hecho, pocos países avanzados (10) han dicho estar interesados en usar los mercados que surjan del AP. La demanda de derechos de carbono ha quedado reducida. En segundo lugar, tanto Argentina como la mayoría de los países en desarrollo tienen desde Paris compromisos cuantificados de reducción de emisiones. Esto significa que los esfuerzos de mitigación de estos países van a estar dirigidos a cumplimentar lo prometido, más que a venderse en los mercados. Puede pensarse entonces que la oferta de esas fuentes sería baja.
Quedarían entonces los créditos que pudieran originarse en naciones que no tengan metas en Paris pero puedan certificar reducciones de emisiones comprobables.
¿Cuál va a ser el lugar de nuestro país en este nuevo escenario? Argentina comprometió en Paris una meta fija de 483 millones de toneladas de carbono equivalente (MtCO2e) al año 2030. El último inventario reporta que las emisiones en 2014 son 368 MtCO2e. Debemos aumentar el PBI usando tecnologías poco generadoras de emisiones de carbono. ¿Podremos hacer más que nuestra meta y vender lo que nos sobre? ¿Cuál será el rol del sector privado en dicho esquema?
