La Ley Pyme, un alivio para un sector asfixiado

Las Pymes del interior, especialmente las exportadoras, sin duda hemos pasado  en los últimos años, la peor etapa de nuestras vidas. En mi caso particular en 40 años de agronegocios fue indudablemente así. Muchas Pymes han debido cerrar y la mayoría de las “sobrevivientes” se encuentran en estado de “convalecencia”.  Las causas de esta penuria  son bien conocidas y frecuentemente  reportadas en numerosos artículos:

• Altísima presión impositiva con superposición de impuestos de las 3 jurisdicciones nacional, provincial y municipal,
  • Nacional: Retenciones al agro, Impuesto a las Ganancias, IVA, Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, Cargas sociales sobre personal en relación de dependencia
  • Provincial: Ingresos Brutos, Sellos , Inmobiliario, Patentes
  • Municipal: Tasa Vial
  • Otros: Los incluidos en combustibles, energía eléctrica, etc..

Muchos de estos impuestos se tributan independientemente de los resultados de las empresas, es decir aún registrando  pérdidas.

• Ajuste por inflación, al no poder ajustarse los balances por inflación se pagan impuestos sobre ganancias ficticias, aumentando aún más la presión impositiva
• Actitud persecutoria de la Afip, especialmente en las agropecuarias o agroindustriales, la Afip ha mantenido un alto grado de arbitrariedad en sus intervenciones m baste como ejemplo que se penaliza a las Pymes por incumplimientos de sus proveedores que hayan entrado en base APOC, aún si las operaciones fueron realizadas hace mucho tiempo, vale decir que hay una “contingencia permanente” sobre la PyME  que escapa totalmente a sus posibilidades de control
• Sobreregulación de Aduana, la exportación de productos agrícolas y agroindustriales se convirtió en una verdadera carrera de obstáculos donde la necesidad de aprobación de las licencias de exportación (los famosos ROE) y su rigidez en cuanto a los tiempos y destinos de las mercaderías de exportación exponían a las PyME exportadoras a permanentes riesgos de multas por incumplimientos, por causas que son frecuentes en el comercio.
• Sobreregulación del Banco Central, cualquier diferencia en el ingreso de divisas exponía a las empresas a sumarios del Banco Central bajo ley Penal  Cambiaria, además de bloquear los reintegros de exportación con que el Estado promueve las exportaciones, ya de por sí muy difíciles de cobrar por numerosos bloqueos formales.  En un momento el BCRA llegó a imponer un plazo máximo de ingreso de divisas de 15 días desde el embarque, lo que paralizó las exportaciones de muchas empresas, ésta medida extrema debió ser prontamente anulada por sus efectos letales en las ventas.
• Devolución del IVA, la Afip debe devolver a los exportadores el IVA contenido en las mercaderías exportadas, dichas devoluciones se fueron “estirando”  hasta llegar a más de 6 meses, con el consiguiente deterioro por la inflación.
• Costos portuarios, durante los 12 años del gobierno anterior se registró un permanente aumento de costos portuarios que restaron competitividad al origen argentino, muchos de ellos generados por los gremios portuario y del transporte y cargados sobre las empresas exportadoras.
• Costos laborales y presiones gremiales, el desfasaje entre  tasas de inflación del orden del 25-30% y devaluaciones de 8 a 12% provocó un constante incremento de los costos laborales y otros, provocando aumentos de costos en dólares que restaron competitividad a las PyME exportadoras argentinas frente a sus competidores del exterior, son bien conocidos los casos de pérdidas de mercados trabajosamente ganados con anterioridad, como los exportadores de vino, aceitunas, cítricos, etc..  También los gremios, especialmente UATRE en el caso de la agroindustria, impusieron cargas y costos abusivos amparados en la protección de una  Justicia Laboral abiertamente parcial, y con prácticas rayanas en la violencia cuando lo consideraron conveniente.
• Financiamiento, en un contexto de rentabilidad comprometida y balances magros, se hizo dificultosa la gestión de líneas de crédito bancarias,  comprometiendo el capital de trabajo de las empresas pymes y creando una ventaja importante a favor de las empresas grandes, fueren nacionales o extranjeras, con acceso fluido al capital.

Todo esto ocurrió en el entorno de mercados globales sumamente favorables para la colocación de los productos argentinos, como pocas veces se habían registrado en los últimos 100 años… las PyME y el país perdieron así una oportunidad única de crecimiento.

A partir del cambio de gobierno comienza un cambio de tendencia, lento por ahora por los condicionamientos que imponen  la agenda social y la situación de la economía. Muchos de los problemas mencionados subsisten todavía,  pero al menos se percibe la perspectiva de una corrección  futura y una mejora en la competitividad de las PyME.

La Ley PyME recientemente sancionada lleva algún alivio a la presión impositiva, también se van derogando algunas de las regulaciones más agresivas del BCRA y se ofrecen nuevas opciones de financiamiento,  pero falta mucho aún para revertir una situación que llegó a ser crítica.

Si el trabajo es el gran estructurador social, las PyME tienen una función fundamental en la comunidad ya que proporcionan el 51%  de los puestos de trabajo formales, y también gran parte de los informales. También son fundamentales en la creación de riqueza, generando hoy el 44% del total (1).

El crecimiento masivo de las PyME es la única alternativa para disminuir la pobreza, ya que son la vía obligada para generar  la cantidad de trabajo privado de calidad, y por consiguiente la estructuración social, que nuestro país necesita cada vez con urgencia.