Mark Fagan, profesor de John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, estuvo en la Argentina y compartió su opinión sobre los puntos centrales de la ley de lobbying que se está tratando en el país, pero que aún no encuentra consenso. Integró un panel formado por el senador nacional Federico Pinedo; por Alejandro Díaz, CEO de AMCHAM Argentina; por Juan Cantarella, gerente general de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC); por Sergio Pernice, profesor de UCEMA; y por Sybil Rhodes, directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la misma casa de estudios.
«Hay dos opciones frente al lobby: continuar con el status quo -sin fomentar ni mejorar la transparencia- o aceptar que es una práctica que existe y regularlo para garantizar mayor calidad institucional», subrayó Mark Fagan. A su vez, aprovechó para hacer una comparación entre la legislación norteamericana y el proyecto que se está trabajando en la Argentina: «Hay una ventaja comparativa de la ley que se quiere conseguir en la Argentina y es que los legisladores estarán obligados a registrar sus audiencias, mientras que en Estados Unidos el único obligado es el lobista y no el funcionario».
El senador Federico Pinedo también destacó la centralidad de la ley que está impulsando el Ejecutivo e intentó marcar el rumbo de la discusión que, a su juicio, cree que debería ser la correcta. «Lo principal es preguntarse cómo podemos lograr que los funcionarios tomen decisiones de acuerdo al interés público», sostuvo Pinedo. «Muchas veces, el problema no es el lobby, sino la falta de lobby; hay una presión concreta sobre los políticos pero nadie hace lobby a favor de los consumidores», argumentó.
En este punto resultó interesante el caso recordado por Fagan ya que durante el proceso de discusión de la reforma en el sistema de salud de Estados Unidos, una asociación de jubilados fue la organización que más lobby realizó. El experto recordó que en Estados Unidos se sabe que se gastan 3500 millones de dólares anuales en acciones de lobby. Y esto se sabe porque toda la información es transparente ya que “la legislación obliga al lobista registrado a informar sus clientes, sus reuniones, su presupuesto y todo se hace público. De hecho una organización no gubernamental Open Secrets pone a disposición toda esa información de forma simple para que cualquiera la pueda utilizar.”
“Si pensamos que el lobby es corrupción, debemos preguntarnos cómo entra la democracia en todo eso” sostuvo Fagan. Y explicó: “en un contexto democrático el lobby es lograr que el gobierno escuche tus demandas. Es tener la oportunidad de presentar la opinión propia. Es el derecho de peticionar ante el gobierno”. Por eso la clave de una legislación de lobby es encontrar el equilibrio entre el derecho a peticionar y el conocimiento del influencia.
Los empresarios del panel también hicieron oír su voz. Alejandro Díaz analizó la realidad del país en el contexto del anterior Gobierno y enfatizó que en aquel entonces era muy difícil que los representantes de Asuntos Públicos de las empresas y organizaciones pudieran tomar contacto con el sector público porque, según su visión, no había interés por parte de los organismos oficiales de abrir esos espacios de diálogo. «Es necesario tener un marco regulatorio para el lobby. Es un muy buen comienzo y creemos que, más adelante, debemos adecuarnos a modelos intermedios -como el caso chileno- para que el sector privado también tenga alguna responsabilidad cuando ejerza alguna gestión de lobby», propuso.
Por su parte, Juan Cantarella explicó: «Cada vez que se regula algo hay un beneficio en términos relativos para los más débiles por sobre los poderosos». También aprovechó la ocasión para resaltar la necesidad de conseguir mayor transparencia en un tipo de inversión diferente a la del lobby tradicional, que son los gastos en publicidad y en prensa.
Esta discusión fue impulsada por Fundación Criteria, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), la Fundación Empresaria para la Calidad y la Excelencia (FUNDECE) y la Universidad del CEMA.
