La nota de Carlos Pagni (“El Inquietante debate sobre la Justicia y la Impunidad, La Nación 5/12/2019), cuya lectura recomendamos, muestra con crudeza la situación de nuestra Justicia donde las conductas de varios jueces han acabado con uno de sus pilares fundamentales: la confianza y el respeto de la ciudadanía.
Desde hace muchos años se viene deteriorando la imagen de la Justicia como Poder independiente del Estado. Los mismos jueces que en diferentes épocas han tenido causas sensibles políticamente, han asumido actitudes contradictorias según fuera la situación de los imputados respecto a los gobiernos de turno, lo cual ha derivado en una imagen de mediocridad y cobardía.
La lentitud de la Justicia, en donde se demoraron por años la formación de juicios a los imputados por corrupción, llevó a un debate estéril sobre la prisión preventiva pues dejó de ser una medida provisoria para determinados casos para pasar a verse como el real castigo a imputados y procesados sin sentencia. Ello no solo se aplica a los casos de corrupción sino también a muchos acusados de delitos de lesa humanidad.
La Corte Suprema, cuyos presidentes, en repetidas oportunidades reconocieron la falta de confianza de la ciudadanía en su Justicia, poco hizo para superar ese estado de cosas. Prueba de ello fueron las maniobras internas en torno a la designación de su presidente (cargo que tradicionalmente fue solo de carácter burocrático y protocolar), y el dictado de fallos según los tiempos políticos mientras persiste su excesiva lentitud en los miles de casos que tiene a resolver.
No existen pruebas fehacientes que el gobierno que se va haya incidido en el contenido de las sentencias. Aún más, quienes hoy juzgan los casos de corrupción, en general, no son jueces designados durante el período 2015-2019; pero la desconfianza de la ciudadanía en sus jueces lo cubrió en un manto de sospechas. Lamentablemente, a pesar que encaró una reforma profunda en el sistema judicial plasmado en el programa Justicia 2020, cuyos positivos frutos ya se están viendo, dejó una asignatura pendiente en la reforma del Consejo de la Magistratura para restaurar el equilibrio en su composición e instaurar un sistema de formación y selección de jueces que asegure idoneidad, honestidad y compromiso en las futuras designaciones. Contrariamente, en la Provincia de Buenos Aires, por iniciativa de su Ministro de Justicia, se reformó la ley del Consejo de la Magistratura de esa provincia, instaurando un curso obligatorio de aspirantes a Jueces que, pensamos, puede ser un obstáculo si en el futuro se pretende manipular los nombramientos.
El resiente vergonzoso episodio vivido en un Tribunal Penal Oral, donde una de las procesadas, haciendo gala de su futuro poder, se permitió increpar y amenazar a sus Jueces muestra claramente el desprestigio de nuestra Justicia y el riesgo que esta situación se agrave en los próximos años.
Dice Montesquieu en “El Espíritu de las Leyes” (Libro XI, Capitulo XI): “La obra maestra de la legislación es saber dar con acierto el poder de juzgar”. Hasta ahora hemos fracasado en este cometido; la ciudadanía porque no lo exigió con vehemencia y se limitó a quitarle confianza al sistema, los juristas y asociaciones profesionales de abogados y jueces porque se quedaron en problemas, quizás importantes, de coyuntura, pero no se avocaron a las reformas esenciales.
“Buscad el Reino de Dios y su Justicia” (Mateo 6;33), nos pide Jesus. La Justicia es una virtud personal pero también social y, en este último campo, requiere un sistema eficiente que goce de la confianza ciudadana. Mantengamos la Esperanza y pongámonos a trabajar.
