Resulta extraño que el presidente Alberto Fernández (profesor de la UBA en un tema muy específico del Derecho Penal) se haya contradicho a sí mismo en pocas semanas. Es posible que su súper especialización en la cuestionada y zaffaroniana “Teoría del Delito”, le limite la visión e le impida ver el conjunto armónico requerido para una buena gestión de gobierno.
Hace 4 meses afirmó frente a periodistas extranjeros: “No es verdad que no tengamos un plan económico, no lo contamos porque estamos en plena negociación y contarlo sería mostrar las cartas; estamos jugando al póquer y no con chicos”.
Sin embargo, pocos días atrás se retractó y confesó al mundo entero diciendo: “Francamente, no creo en los planes económico; todos fracasaron y por eso no lo tenemos. Creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos”.
Este inexplicable lapsus linguæ hace conveniente y oportuno brindarle, con todo el respeto que merece, ciertas consideraciones y consejos para ayudarle a enderezar su gobierno, que se encuentra empantanado en largas cuarentenas y próximo al tembladeral de un colapso económico.
¿Qué es un plan?
Un Plan -sobre todo económico- es semejante al plano de obras que confeccionan los arquitectos para hacer una casa. Ambos son el proyecto. El económico contiene un conjunto de esquemas, ideas, objetivos y medidas que el gobierno se propone adoptar para el bien del pueblo, explicando cómo va a hacerlo, pero si entre sus partes no hay coherencia, no sirve y fracasa.
Con sólo exhibirlo, el Plan contribuiría a disipar la confusión reinante y terminaría con el desorden mental en que estamos viviendo.
Por eso, resulta ser una guía racional, indispensable para que el Gobierno tome acertadas decisiones diarias y no recule cada dos por tres. Con el plan dejaría de improvisar y pasaría a ser un gobierno racional, lógico y confiable.
Sin Plan, el Gobierno seguirá comportándose de un modo irracional e incoherente; como si se hubiese amputado la facultad de poder transitar desde un presente miserable y desordenado a un futuro ordenado y con bienestar para todos.
Claro es que un Plan económico no se puede improvisar ni redactarse careciendo de funcionarios idóneos e inteligentes, pletórico de ideas prácticas y adecuadas.
Por encima de todo, ellos necesitan de una buena doctrina, racional, contrastada por la evidencia de los datos y con experiencia exitosa. Para lograrlo se requiere el estudio claro y preciso de los pocos esquemas teóricos que sirven para conocer y modificar la realidad económica de un país, a saber:
a) el Neo-socialismo de mercado;
b) la Escuela Keynesiana;
c) la Escuela Monetaria de Chicago;
d) la Escuela del Public Choice;
e) la Escuela Austríaca de Viena y
f) la Escuela Ordo de Friburgo.
Eludir el plan explicito
Pero si por razones de estilo personal, o por deformación profesional o también por intimidación interna de la coalición gobernante, el presidente se viese conminado a no presentar un Plan económico, todavía podría recurrir a la racionalidad disponiendo la confección de un checklist de criterios para redactar leyes, decretos y resoluciones administrativas.
Ese checklist vendría a ser un listado de verificación obligatoria para que todo el país sepa a ciencia cierta a qué atenerse cuando se proyectan leyes, se dictan decretos presidenciales o se disponen resoluciones administrativas.
El mundo civilizado y desarrollado ofrece claros ejemplos de este procedimiento racional, paralelo y sustituto de un Plan económico explícito.
En primer lugar, hay que indicarle al presidente Fernández que en Alemania y todos sus Länders, a partir de 1984, se exige a legisladores y administradores el deber de responder obligatoriamente a un checklist denominado «Prüffragen», «Fragenkatalog» o «Prüfliste» (en español “cuestionario azul”) cuando redactan textos legales o administrativos.
Estos funcionarios deben responder a un Catálogo de preguntas para que los ciudadanos conozcan y verifiquen la coherencia de las ideas contenidas en las normas legales o en las disposiciones regulatorias y, además, para que su texto no sea dañino, injusto ni arbitrario.
El cuestionario está hecho de modo tal que debe contestarse «si» o «no».
Las directrices contenidas en el checklist no son meramente formales, contienen preguntas cuyas respuestas permiten detectar incoherencias, errores, abusos y defectos sustanciales.
Desde luego que el formulario puede ser llenado desaprensivamente, pero ello dejará en evidencia a los funcionarios ineptos y contribuirá a responsabilizar a quienes dictan normas ineficaces, contradictorias o inconvenientes.
Fuera de Alemania y sus Länders, esos cheklisten también se impusieron en Suiza (1978), EE.UU. (1983), Noruega (1987) y Francia (1993/97).
En EE.UU. existe una poderosa oficina dentro de la Casa Blanca, denominada: “Office of Management and Budget”, que durante largo tiempo fue dirigida por Cass R. Sunstein, el “zar de la anti regulación”. Sus checklisten obligaron a mejorar la redacción, coherencia y claridad de las normas legales y administrativas que dictaban los ministros, secretarios de Estado y funcionarios.
Produjo a los ciudadanos el ahorro de miles de millones de horas de tiempo, mejoró la dieta alimentaria de los niños americanos, alargó la vida útil de los trabajadores, redujo costos del sistema jubilatorio, mejoró el sistema sanitario, simplificó drásticamente el trámite de hipotecas para adquirir la casa propia, perfeccionó las solicitudes de préstamos para estudios universitarios, estableció tarjetas de puntuación en colegios y universidades, introdujo el etiquetado de alimentos y electrodomésticos, ordenó la oferta de automóviles de bajo consumo y de vehículos no contaminantes, dispuso imprimir las calorías en los menús de cadenas de restaurantes.
Todo se hizo emitiendo menos regulaciones, haciéndolas más inteligentes, eliminando trámites, requisitos y registros inútiles. Cass R. Sunstein escribió un imperdible libro: El futuro del gobierno, editado por Marcial Pons en Madrid 2020, que enseña cómo simplificar las cosas.
En concreto de cómo los gobiernos podrían ser mejores y desempeñar mucho mejor su labor si facilitaran la vida a la gente y se despojaran de una complejidad innecesaria y costosa.
En Francia los checklisten se conocen desde hace 30 años con el nombre de “Circulaire du 2 janvier 1993”,” Circulaire du 30 janvier 1997” y “Guide de légistique du 2017”, editados por Légifrance, siendo obligatorio su acatamiento para redactar y preparar textos legales o administrativos bien diseñados, coherentes, claros, elegantemente escritos y legalmente muy sólidos.
Consejo práctico al Presidente Fernández
Basados en la experiencia exitosa de los países más avanzados del mundo, nos animamos a redactarle al presidente Alberto Fernández, un Checklist de uso obligatorio para legisladores ministros, secretarios y funcionarios de toda la administración pública nacional.
Este checklist ha sido confeccionado con el conocimiento empírico y científico recogido durante 74 años de paralizante intervencionismo y decadente burocracia, que han obrado como una verdadera “máquina de impedir la expansión y el desarrollo argentinos”.
Con el empleo de este checklist u otro similar, nuestro Presidente no necesitaría de un Plan Económico explícito y pondría en evidencia, frente a la luz pública, a los quintacolumnistas que operan agazapados dentro de su gobierno para inducir el fracaso clamoroso de su gestión.
¡La propuesta es muy simple y contundente!
Alberto Fernández podría marcar el inicio de un nuevo país y de una sensata normalidad. Quedaríamos desligados de un pasado plagado de crisis, devaluaciones, cambios de monedas, depresiones, recesiones, decadencia, expropiaciones, endeudamientos y defaults.
Se detendría la huida de capitales que representan los ahorros refugiados en el dólar y que parten hacia destinos que brindan lo que aquí niegan las leyes: seguridad jurídica, confianza, permanencia y razonabilidad fiscal.
Sería el primer paso o inicio hacia el renacimiento de la Argentina que soñaron nuestros antepasados inmigrantes cuando arribaron a estas tierras con esperanza y fe en el futuro.
Obrar rigurosamente con este procedimiento, mostraría al país entero que el presidente ha tomado la decisión firme e inconmovible de convalidar y sancionar leyes y decretos siempre y cuando sean claros, sensatos y favorables al pueblo y que, en cambio, va a rechazar, anular o invalidar todas las normas legales y administrativas confusas, parciales, inútiles y perversas.
Para ello utilizará el derecho constitucional explícito que le permite vetarlas (art.83 CN) y no consentir su tácita aprobación (art.80 CN).
Checklist de criterios para redactar leyes, Decretos o resoluciones administrativas.
1° Punto de arribo
¿Adónde conduce esta resolución administrativa o norma legal?:
a) A un orden económico coherente e interrelacionado con el orden jurídico.
b) A un parche, improvisado según las circunstancias.
c) A tapar agujeros, provocados por graves emergencias.
2° Interdependencia de las normas
¿Se comprende que en la vida real los campos de actuación son interdependientes?:
El orden de la economía es interdependiente con el ordenamiento administrativo-estatal, con el orden legal, con el régimen laboral, con el orden internacional, con el orden ético-social, con el orden político, con el sistema educativo, con el respeto de nuestras tradiciones culturales, con el sistema monetario, con el régimen financiero-bancario, con el sistema impositivo, con una prudente y austera política presupuestaria y con la defensa del orden público mediante la correcta acción policial de prevención y represión del delito.
3° Encuadre del sistema económico
¿En cuál de los sistemas económicos se encuadra la norma en estudio?:
a) Sistema de Administración centralizada en el Estado.
b) Orden de la competencia o Economía de mercado.
c) Sistema corporativo basado en los estamentos sindicales.
d) Pragmatismo político o actuación caso por caso.
e) Improvisación según las presiones partidarias.
4° Rigidez regulatoria
Dado el primer paso, ¿hay conciencia clara de que con esta norma?:
a) quedarán condicionados los hechos subsiguientes,
b) no podrá darse marcha atrás sin graves consecuencias.
5° Encadenamiento inevitable
¿Al dictarse esta norma qué desenlaces se tienen en cuenta?:
a) el efecto directo e inmediato sobre el hecho regulado,
b) la tendencia y orientación que se va a desencadenar,
c) el efecto inducido e indirecto sobre los demás órdenes.
6° Inconsistencia o incoherencia
¿Cómo afectará esta norma, la consistencia del orden económico?:
a) consolidará un régimen autocrático de controles y autorizaciones,
b) se encaminará hacia un sistema de intervencionismo estatal,
c) desorganizará el sistema de mercados abiertos y libres.
7° Inflación reptante
Frente al proceso inflacionario en curso, la norma a adoptar:
a) ¿tiende a agravarlo?
b) ¿provoca inflación reprimida?
c) ¿desalienta el aumento de la producción?
d) ¿estimula el surgimiento de mercados clandestinos?
e) ¿genera escasez, controles y racionamiento?
8° Plan cotidiano de las familias y empresas
¿Qué influencia tendrá esta norma en el abastecimiento de familias y empresas?:
a) va a alterar los usos y costumbres de los planes cotidianos,
b) aumentará los costos de transacciones,
c) incrementará los impuestos y cargas sociales,
d) complicará los trámites presenciales o informáticos,
e) promoverá la huida de capitales.
9° Ley de la escasez
¿Frente a la escasez de recursos y las limitaciones de la oferta?
a) la norma empeora la solución jurídica del problema.
b) complica la resolución práctica de las dificultades.
10° Visión macro o micro
¿Cuál es el punto de vista o enfoque sobre la realidad en que se va a actuar?
a) sólo se tiene en cuenta el equilibrio macroeconómico,
b) ignora la morfología específica de los mercados afectados,
c) desconoce las circunstancias reales en que se desenvuelve.
11° Equidad en los intercambios
¿Cómo afectará la norma la reciprocidad en los intercambios?
a) debilita el uso de una moneda apta para preservar valor,
b) se desentiende del problema monetario y crediticio,
c) sabotea el empleo de una moneda estable y convertible.
12° Régimen productivo y laboral
Con respecto al régimen laboral, la norma a dictarse:
a) ¿tolera y alienta la lucha de clase y el enfrentamiento gremial?
b) ¿degrada la cooperación y disciplina en el seno de la empresa?
13° Presión fiscal soportable
Con respecto a la presión impositiva consolidada, la nueva norma:
a) ¿agrega más cargas fiscales a las que ya existen?
b) ¿aumenta y enmaraña las cargas impositivas?
c) es totalmente indiferente al problema tributario.
14° Propiedad privada
Con respecto a la propiedad privada de los bienes durables:
a) ¿los afecta con impuestos por tenencia de bienes?
b) ¿mantiene o aumenta la carga actualmente existente?
15° Contención del gasto público
Con respecto al gasto público, la norma a dictarse:
a) ¿implica un aumento del gasto público?
b) ¿ratifica controles innecesarios y trámites abusivos?
c) ¿persiste en inútiles y artificiales regulaciones?
d) ¿obliga a pagar honorarios y cánones a entes paraestatales?
d) ¿crea mayores regulaciones, más burocracia y nuevos controles?
16° Sistema de precios
Con respecto al sistema de precios, la norma en estudio:
a) ¿dificulta que los precios funcionen como señales de abundancia o escasez?
b) ¿entorpece el ajuste frente a ofertas rivales y demandas conjuntas?
c) ¿obstaculiza una asignación eficiente de los recursos disponibles?
d) ¿impide que el conocimiento disperso y limitado se concentre en un índice?
e) ¿obstruye la división del trabajo y su adecuada coordinación?
f) ¿complica el equilibrio espontáneo entre oferta y demanda?
g) ¿imposibilita el tanteo de precios según regateo entre las partes?
17° Libertad para elegir
Con respecto a la libertad de elegir, la nueva norma:
a) ¿obliga a ceder parte de la renta a entes sindicales o paraestatales?
b) ¿aumenta el costo de las transacciones?
c) ¿condiciona la elección de cláusulas contractuales con reglas impuestas?
d) ¿traba el desistimiento o la elección de otras alternativas?
18° Empoderamiento malicioso
Con respecto al empoderamiento de la oferta o demanda, la norma:
a) ¿permite el abuso de poder público o de poder privado?
b) ¿facilita el surgimiento de fraudes o publicidad engañosa?
c) ¿favorece la cartelización, el boicot, el bloqueo gremial y los piquetes?
19° Burocracia esterilizante
Con respecto a regulaciones, instructivos, protocolos o requisitos, la norma:
a) ¿complica los trámites presenciales o informáticos?
b) ¿aumenta la incoherencia con otras normas vigentes?
c) ¿multiplica los permisos, autorizaciones y registros?
d) ¿estimula la judicialización de los actos económicos privados?
e) ¿impide sistemas arbitrales para dirimir litigios?
f) ¿traba la libertad de acción y de abastecimiento interno o externo?
g) ¿violenta el derecho de propiedad?
h) ¿interfiere en la iniciativa privada?
i) ¿altera y precariza las reglas precedentes?
j) ¿obstaculiza el libre acceso de oferentes y demandantes?
