La imprescindible Productividad Inclusiva (PI)

El presente artículo integra la publicación «Productividad Inclusiva» del IAE Business School, de la Universidad Austral (diciembre 2021). En las próximas semanas compartiremos los artículos que forman parte el dossier. 

La economía argentina no ha crecido en la última década y, en el último medio siglo, su ingreso por habitante cayó del puesto 25 al 60 en el ranking global. El rebote de este año 2021 no puede considerarse como «tendencia» y ocurrió, en mayor o menor medida, en la mayoría de los países, por la recesión de 2020 y por el éxito de las vacunas anti COVID. Sin revertir la decadencia aumentarán la pobreza y la desigualdad y se hará negativo el saldo migratorio, con más emigración y menos inmigración, configurando un sensible deterioro de la dotación de capital humano del país.

Hay quienes ya bajaron los brazos y piensan que estamos condenados a un fracaso crónico, mayormente en los sectores de ingresos altos o medios altos, en los que no pocos tienen a mano la alternativa de la emigración. Aun aceptando que los argumentos pesimistas tienen fundamentos, en nuestro proyecto PI no compartimos sus conclusiones. Por el contario, procuramos precisar un camino, nunca intentado en nuestro país en tiempos recientes. Ya desde su nombre, este programa de investigación procura aunar la productividad con la inclusión. Fue muy frecuente intentar una mayor inclusión, despreocupándose de la productividad o procurando suplirla con una expansión incesante del sector público que dio lugar a fenómenos crónicos tales como la inflación–que llegó a ser hiperinflación en 1989- un permanente déficit fiscal y una caída de la productividad del Estado al utilizarse al empleo público en gran escala. También existieron propuestas, mucho menos frecuentes, que maximizaron la productividad con tolerancia de la exclusión. El caso más notable fue el de la convertibilidad, aunque contra lo que se suele creerse, la causa central de su mal final fue el exceso de gasto público y no la austeridad fiscal, pese a que, al poco tiempo, el fisco tendría una pérdida de recursos –del orden de 5000 millones de dólares por el cambio del sistema de reparto a uno de capitalización, en manos de las AFJP.

El lema de políticas de la PI es: aumentar sustancialmente, en calidad y en cantidad, la inversión en capital humano y en capital físico, dando lugar a la creación de millones de puestos de trabajo y, de ese modo, abatir la pobreza y reducir la desigualdad, tal como se detalla en la web.

No es casual, sino intencional, el haber puesto la inversión en capital humano por delante de la inversión en capital físico. Es muy habitual, incluso, omitirla. Aun en las cuentas nacionales, cuando se habla de la inversión, ella suele limitarse a la inversión física. Nosotros damos prioridad a la inversión en educación y en capacitación porque son clave para lograr la inclusión[1].

¿No era que la productividad por persona (P/p) sólo puede aumentar reduciendo el empleo? En la visión mayoritaria de los empresarios, no es así, como lo mostró una encuesta por muestreo representativo a empresarios realizada en el marco de este proyecto. La P/p se ha asociado, muy frecuentemente, a una caída del empleo. Sin embargo, en la encuesta que se reseña en este Informe –también puede verse en la Web- 57% de los empresarios creen que es posible aumentar la P/p, manteniendo el personal y otro 22% cree que la P/p puede aumentar aun incrementando el personal. O sea, casi el 80% de los empresarios que contestaron la encuesta ven factible la PI, sin reducir el empleo y aun aumentándolo.

El gran desafío para la PI es que su éxito requiere, acuerdos previos. El principal, por lejos, es acordar un rumbo claro, y creído por los principales actores, basado en una economía mixta capitalista, abierta gradualmente al mundo y con reglas similares a las de los países que crecen.

¿Por qué hacen falta los acuerdos para encontrar la salida? La principal razón es que, siendo esencial para la PI tener un rumbo claro como el descripto, ello requiere esencialmente credibilidad en el rumbo a mediano plazo por parte de los principales partidos, los trabajadores y los empresarios.  Esto se potenciaría con acuerdos sólidos.

El rumbo no sólo es muy determinante de la inversión; también puede ayudar a la sostenibilidad fortaleciendo la reparación de la macroeconomía de corto plazo, que requiere reducir sustancialmente la inflación y el déficit fiscal y normalizar la relación con los acreedores de la Argentina. Cuanto más claro esté el rumbo, mayor será la inversión y, por lo tanto, el crecimiento. Y, una vez que los agentes vean que la economía y la inversión crecen, empezará a rodar el círculo virtuoso: la recaudación aumentará y el gasto público podrá reducir su participación en el PIB aun sin comprimir su nivel en términos reales. Por cierto, hay medidas de política económica que pueden ayudar al aumento de la inversión, por ejemplo, licitar rebajas impositivas otorgándolas a los proyectos que menos subsidio requieran por unidad invertida.

Caminos de esta índole se acordaron en España en los setenta, en Israel en los ochenta, en Chile en los noventa y en Sudáfrica en los dos mil, todos ellos exitosos y con puntos de partida tan complejos y «agrietados» como el nuestro. No es una tarea fácil, pero es la única salida. Tampoco es cierto que en nuestro país sea imposible acordar, y un par de ejemplos ilustran esta afirmación. Uno fue la Constitución de 1994 que, sin ser perfecta, continúa vigente. Otro caso, olvidado, fue el Diálogo Argentino de 2002, cuyas conclusiones fueron muy buenas. El presidente Duhalde había dicho que ese sería su programa de gobierno, pero avatares políticos y la violencia desatada en 2002, impidieron que esa promesa se cumpliera. De haberse puesto en marcha en 2003 tendríamos hoy un país mucho mejor. Hoy sería decisivo que el gobierno definiera cuál es su rumbo, que se desconoce, en buena medida por ser muy cambiante y por los conflictos internos de la coalición gobernante.