De aprobarse la ley enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso hacia fines de año, mediante la cual se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción, las empresas, en especial aquellas que no lo tienen, deberán implementar un adecuado programa de integridad o compliance. Y aquellas que sí lo poseen deberán de todos modos verificar que sus programas cumplan debidamente con las exigencias requeridas en el proyecto a estudio.
El buen gobierno corporativo, la necesidad de garantizar compromisos éticos y de contar con estructuras y personal capacitado para el correcto cumplimiento de sus obligaciones no constituyen, a esta altura del siglo XXI, circunstancias que puedan ser aleatorias, ni concernir a unas pocas y grandes corporaciones. La realidad nos demuestra, en un contexto globalizado impostergable, que existe una acentuada proliferación de depurados estándares internacionales de compliance, los cuales han irrumpido para quedarse. La Argentina no será la excepción.
La iniciativa constituye, en suma, un aporte significativo para el profundo cambio cultural que reclama nuestra Argentina, anhelo que va en línea con el compromiso empresarial incansablemente pregonado por ACDE.
Por este motivo los invitamos a conocer un poco más en detalle las implicancias de la ley y cómo preparar a su empresa para que esté lista para cumplir con las reglamentaciones de rigor.
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