La Argentina padece dos crisis cuya solución debería ocupar la totalidad de la energía y la atención de los dirigentes políticos: la pandemia y la pobreza. En ambas cuestiones nuestro país presenta indicadores extremadamente preocupantes, y mientras no se consiga revertirlos, los habitantes -sobre todo los de menos recursos- seguirán siendo víctimas de sufrimiento y malestar.
A la luz de eso llama la atención que el gobierno esté enfocado en conseguir la aprobación de un proyecto de ley para modificar aspectos claves de la ley orgánica del Ministerio Público. Son muchísimos los recursos de tiempo y esfuerzo que se están invirtiendo en conseguir esa reforma en lugar de dedicarlos a disminuir la pobreza y superar la pandemia, aunque todos los dirigentes señalen estos objetivos como prioritarios y la población los reclame con insistencia.
No voy a especular sobre los motivos que inspiran a la coalición gobernante para impulsar con tanto ahínco esa modificación del régimen legal del Ministerio Público. Tampoco voy a hacer un análisis técnico del proyecto de ley, más propio de publicaciones especializadas. Quiero sí dar una opinión desde una perspectiva empresarial -ámbito en el que me desempeño desde hace décadas- y dejar claro que la aprobación de ese proyecto tendrá efectos devastadores sobre cualquier intento para disminuir la pobreza.
Los programas asistenciales que existen para morigerar las consecuencias de la pobreza y de la indigencia, aunque imprescindibles ante la emergencia, son paliativos a la espera de remedios que ataquen las causas, soluciones permanentes. Y estas soluciones de fondo únicamente son factibles si conseguimos que haya un aumento muy significativo de la inversión productiva privada. Se necesita muchísima más inversión privada, dispuesta a generar trabajo, a producir bienes y servicios y a generar riqueza. Esa riqueza, utilizada y distribuida inteligentemente, es la que permitirá brindar educación de calidad, oportunidades de trabajo y un horizonte de dignidad y progreso para todos quienes quieran habitar en el suelo argentino.
Pero las inversiones en la cantidad y de la calidad necesarias no llegarán si quienes deben arriesgar su capital temen que el emprendimiento en el cual lo inviertan o la libertad de tomar decisiones empresariales queden expuestas al capricho o la arbitrariedad de la autoridad de turno. La civilización desarrolló mecanismos para que quien esté evaluando una decisión de inversión, no importa de qué tamaño sea ésta, se trate de un pequeño almacén de barrio o de una gran fábrica de alta tecnología, lo haga con la tranquilidad de que ganar o perder dependerá de las buenas o malas decisiones que adopte, de su aptitud o ineptitud para conducir el negocio, y no de que algún funcionario, arbitraria e injustamente, decida beneficiarlo o perjudicarlo. Es a ese mecanismo al que los empresarios llamamos seguridad jurídica y consiste es un sistema de administración de justicia que garantice que los conflictos que surjan entre privados o, más importante aún, entre un privado y la autoridad, serán resueltos con imparcialidad, honestidad y a tiempo.
El Ministerio Público es una pieza clave de ese sistema de administración de justicia. La ley que se intenta aprobar, bajo el ropaje de mejorar su funcionamiento, debilita significativamente los mecanismos que permiten a los fiscales poner límites a la autoridad política para que ella no abuse de su poder. Si los fiscales no pueden actuar con independencia y sin temor a represalias se esfuma la seguridad jurídica y no podemos pretender que los privados se animen a invertir.
Todos los dirigentes políticos, incluyendo por cierto a los legisladores de los distintos bloques, han expresado su preocupación por los niveles de pobreza que afectan al país y su intención de hacer lo que esté a su alcance para disminuirlos. Les pido entonces que sean conscientes de que aprobar el proyecto de modificación del Ministerio Público será un grave retroceso en la lucha para terminar con la pobreza y que, en consecuencia, lo rechacen.
*Artículo de opinión publicado el 19 de mayo de 2021 en el Diario La Nación (enlace a artículo original haciendo acá).