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Ministerio Público y pobreza, la visión de un empresario

Escrito por Juan Vaquer

La Argentina padece dos crisis cuya solución debería ocupar la totalidad de la energía y la atención de los dirigentes políticos: la pandemia y la pobreza. En ambas cuestiones nuestro país presenta indicadores extremadamente preocupantes, y mientras no se consiga revertirlos, los habitantes -sobre todo los de menos recursos- seguirán siendo víctimas de sufrimiento y malestar.

A la luz de eso llama la atención que el gobierno esté enfocado en conseguir la aprobación de un proyecto de ley para modificar aspectos claves de la ley orgánica del Ministerio Público. Son muchísimos los recursos de tiempo y esfuerzo que se están invirtiendo en conseguir esa reforma en lugar de dedicarlos a disminuir la pobreza y superar la pandemia, aunque todos los dirigentes señalen estos objetivos como prioritarios y la población los reclame con insistencia.

No voy a especular sobre los motivos que inspiran a la coalición gobernante para impulsar con tanto ahínco esa modificación del régimen legal del Ministerio Público. Tampoco voy a hacer un análisis técnico del proyecto de ley, más propio de publicaciones especializadas. Quiero sí dar una opinión desde una perspectiva empresarial -ámbito en el que me desempeño desde hace décadas- y dejar claro que la aprobación de ese proyecto tendrá efectos devastadores sobre cualquier intento para disminuir la pobreza.

Los programas asistenciales que existen para morigerar las consecuencias de la pobreza y de la indigencia, aunque imprescindibles ante la emergencia, son paliativos a la espera de remedios que ataquen las causas, soluciones permanentes. Y estas soluciones de fondo únicamente son factibles si conseguimos que haya un aumento muy significativo de la inversión productiva privada. Se necesita muchísima más inversión privada, dispuesta a generar trabajo, a producir bienes y servicios y a generar riqueza. Esa riqueza, utilizada y distribuida inteligentemente, es la que permitirá brindar educación de calidad, oportunidades de trabajo y un horizonte de dignidad y progreso para todos quienes quieran habitar en el suelo argentino.

Pero las inversiones en la cantidad y de la calidad necesarias no llegarán si quienes deben arriesgar su capital temen que el emprendimiento en el cual lo inviertan o la libertad de tomar decisiones empresariales queden expuestas al capricho o la arbitrariedad de la autoridad de turno. La civilización desarrolló mecanismos para que quien esté evaluando una decisión de inversión, no importa de qué tamaño sea ésta, se trate de un pequeño almacén de barrio o de una gran fábrica de alta tecnología, lo haga con la tranquilidad de que ganar o perder dependerá de las buenas o malas decisiones que adopte, de su aptitud o ineptitud para conducir el negocio, y no de que algún funcionario, arbitraria e injustamente, decida beneficiarlo o perjudicarlo. Es a ese mecanismo al que los empresarios llamamos seguridad jurídica y consiste es un sistema de administración de justicia que garantice que los conflictos que surjan entre privados o, más importante aún, entre un privado y la autoridad, serán resueltos con imparcialidad, honestidad y a tiempo.

El Ministerio Público es una pieza clave de ese sistema de administración de justicia. La ley que se intenta aprobar, bajo el ropaje de mejorar su funcionamiento, debilita significativamente los mecanismos que permiten a los fiscales poner límites a la autoridad política para que ella no abuse de su poder. Si los fiscales no pueden actuar con independencia y sin temor a represalias se esfuma la seguridad jurídica y no podemos pretender que los privados se animen a invertir.

Todos los dirigentes políticos, incluyendo por cierto a los legisladores de los distintos bloques, han expresado su preocupación por los niveles de pobreza que afectan al país y su intención de hacer lo que esté a su alcance para disminuirlos. Les pido entonces que sean conscientes de que aprobar el proyecto de modificación del Ministerio Público será un grave retroceso en la lucha para terminar con la pobreza y que, en consecuencia, lo rechacen.

 

*Artículo de opinión publicado el 19 de mayo de 2021 en el Diario La Nación (enlace a artículo original haciendo acá).

Sobre el autor

Juan Vaquer

Abogado (UBA) con una Maestría en Derecho Internacional y Comparado en la Universidad Metodista del Sur (Dallas, EE.UU). Se retiró en 2019 como Presidente de Dupont para América Latina.Expresidente del Directorio de AmCham Argentina y de ACDE entre 2016 y 2020.

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2 comentarios

  • A lo que Juan Vaquer menciona, convendría agregar que nuestra legislación laboral, con la idea de proteger a los trabajadores ataca a los empleadores con lo cuál, los emprendimientos son escasos y cuando hay pocos emprendedores, se genera escasa e insuficiente cantidad de empleos, por lo que se crea poca riqueza.
    Si se protege a los trabajadores mediante los seguros de desempleo, al no atacar a los emprendedores, se generan altos niveles de empleo y generación de riqueza, base fundamental del desarrollo económico, como ocurre en los países prósperos.
    En todos los países subdesarrollados, sin excepción, se ataca a los emprendedores como en nuestro país con leyes como nuestra Ley de Contrato de Trabajo y sus anexas indemnizatorias del trabajo no registrado, con las consecuencias que están a la vista, altísimo nivel de desempleo ( 33 % real), mucha pobreza multidimensional e indigencia ( más del 50 % ), elevado nivel de delincuencia y criminalidad, etc. Herman Lew ( enriquelew@gmail.com)

  • Muy bueno el artìculo de Juan y en lìnea con la ùltima declaración de ACDE. Este mes se cumplieron 30 años de la Centesimus Annus en cuyo Nº 36 San Juan Pablo II nos dice: “Me refiero al hecho de que también la opción de invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo en vez de otro, es siempre una opción moral y cultural. Dadas ciertas condiciones económicas y de estabilidad política absolutamente imprescindibles, la decisión de invertir, esto es, de ofrecer a un pueblo la ocasión de dar valor al propio trabajo, está asimismo determinada por una actitud de querer ayudar y por la confianza en la Providencia, lo cual muestra las cualidades humanas de quien decide.” Allì el Santo Padre marcó la decisión de invertir como una opción moral y se deduce de toda la Encíclica que la inversión para el empresario cristiano debe ser una forma de amor al prójimo. Por eso el artículo de Juan es tan oportuno pues marca la relación, no siempre advertida, entre la fortaleza de las instituciones y la división de poderes y la lucha contra la pobreza