El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina buscó llamar la atención sobre un más que probable aumento en la tasa de pobreza de entre 24% y 27% o entre 29% y 33% (según la fuente de datos que se utilice) durante el primer trimestre del presente año. La salida del régimen económico montado por el gobierno anterior habría generado más de un millón de nuevos pobres. Este dato, aunque “impactante”, no deja de ser una estimación conservadora, más aún si consideramos la dinámica socioeconómica de los meses subsiguiente. En este marco, un hecho notable es que a partir de esta cuidada puesta en escena de información relevante, hubo diferentes y no menos extrañas reacciones. Por una parte, sorprendió un discurso kirchnerista sensible al aumento de la pobreza, cuando en general este sector político no dudó en falsificar estadísticas sociales, a la vez que siempre fue crítico –cuando no amenazante– frente a las estimaciones de la UCA. No menos turbador fue registrar la reacción de algunos portavoces del nuevo oficialismo, antes siempre proclives a valorar las estadísticas sociales del Observatorio.
Al igual que en tiempos no tan lejanos, algunos sospecharon de las intenciones políticas, otros pusieron en duda la metodología, y no faltaron los que sometidos a una desbordada fidelidad de clase buscaron negar la realidad. Afortunadamente, muy diferente a otras épocas, no fue esa la reacción de la mayor parte de los funcionarios del gobierno, quienes inmediatamente procuraron acceder a la información, entender la problemática y no confrontar con los datos sino con la realidad. El problema es que las islas de fantasía no son buenas para promover debates ciudadanos o acuerdos sociales que fortalezcan las instituciones de la democracia y permitan resolver equilibradamente las emergencias y proyectar políticas de desarrollo a largo plazo.
Al respecto, aunque no es ésta la oportunidad para profundizar el tema, cabe advertir sobre el riesgo que encierra poner un exceso de expectativas en el supuesto derrame que podrían generar las nuevas inversiones. Esto debido fundamentalmente a que el sistema económico argentino presenta una serie de históricas barreras estructurales y socioculturales que operan como freno al crecimiento con inclusión social. En este complejo escenario, la acumulación de críticas por el incremento de los precios, el aumento del riesgo de desempleo, el deterioro del presupuesto familiar de los más vulnerables, la falta de señales en materia de inversión y la preocupación cierta de que lejos de lograr la “pobreza cero” se genere una capa de nuevos pobres han motivado a algunos portavoces oficialistas a reflexionar sobre las responsabilidades compartidas, así como sobre la necesidad de contar con un programa integral que promueva la inclusión social con la contribución de todos los sectores.
Sin duda, es deseable contar con un instrumento de esta naturaleza que comprometa al gobierno, trabajadores, empresarios y organizaciones de la sociedad civil, asumiendo que es una tarea de todos. Pero en principio el argumento resulta falaz si la convocatoria no hace explícita las desiguales responsabilidades que tuvieron y tienen los diferentes actores frente a la actual crisis y sus derivaciones; así como también la particular desorientación política que muestra tener el empresariado nacional tanto para cuidar a los ciudadanos más débiles como para liderar un programa de desarrollo socioeconómico y ambiental sustentable.
Sólo a través de un encuentro económico-social amplio, en donde se pongan en discusión las diferentes responsabilidades en juego, podrá surgir un plan de emergencia que priorice a los sectores más vulnerables, muy seguramente ausentes en la mesa de negociaciones. Pero además de lamentar que tal convocatoria a un acuerdo económico-social siga todavía sin realizarse y que muchos empresarios continúen apostando a cubrirse de riesgos, se imponen una pregunta ética: ¿Está el gobierno repartiendo con equidad los costos de la fiesta? No parece. El estudio presentado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina muestra que rápidamente pueden sumarse nuevos miles personas a esa condición si el derrame o las medidas de protección social tardan más de lo previsto, resultan débiles o nunca llegan.
Es factible que el gobierno necesite ganar tiempo para que la economía comience a crecer y para instalar mayor confianza en que un futuro distinto es posible; sin embargo, muy poco se logrará al respecto si durante este doloroso tránsito no hay claras señales de compromiso por parte de los sectores más privilegiados. Para ello, cualquier salida a la crítica situación actual requiere de una más clara responsabilidad por parte de los actores socioeconómicos actualmente empoderados para atravesar con solidaridad, inteligencia y valentía tanto la actual transición como la conducción estratégica de un proyecto en desarrollo nacional con equidad social.