Desde la Consejo de Abogados de ACDE formamos parte, ya desde hace unos años, de la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha Comisión fue formada cerca del año 2001 como una respuesta a la gravísima crisis que atravesaba nuestro país. Se buscó que los abogados, desde su profesión y a través de sus herramientas, nucleados sin distinción de estudios, pudieran ofrecer un servicio gratuito a personas en situación de vulnerabilidad e instituciones dedicadas a éstas, con miras al bien común. La Comisión comenzó a nuclear abogados, estudios y direcciones de legales de empresas interesados en dar un poco de sí y comenzó a funcionar como clearing house de los casos recibidos que eran redistribuidos entre sus socios.
Hoy en día la Comisión forma parte de una Red Federal donde abogados de todo el país intercambian experiencias, contactos y ayuda para atender todo tipo de casos Pro Bono. Además, nuclea numerosas iniciativas relacionadas con el Pro Bono, entre las cuales se encuentran los cursos de formación sobre temáticas claves. Una de ellas fue el curso de formación en Derecho a la Salud que se impartió durante el 2021. Fue un proyecto liderado por diversos profesionales del Pro Bono especialistas en Derecho a la Salud que brindaron generosamente sus conocimientos al resto de los profesionales a fin de ampliar, acrecentar y desarrollar más las posibilidades de asistencia y ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad con problemáticas de salud atravesadas por dificultades legales.
Tuve el privilegio de asistir al curso, como miembro del Consejo de Abogados de ACDE y como coordinador Pro Bono del Estudio Beccar Varela. Como todo en el Pro Bono, el efecto fue multiplicador. A partir de la iniciativa del curso en Derecho a la Salud, más de 6 abogados de Beccar Varela participaron del mismo y decidieron acercarse al Pro Bono y formar un equipo de Derecho a la Salud. Y como era de esperar, al tiempo se presentó nuestro primer caso.
Francisco (no es su nombre real) sufrió una mala praxis en el oído que le afectó severamente el tímpano, todo lo cual, de no ser operado con cierta urgencia implicaba la pérdida total de la audición. La obra social que inicialmente pareció prestar la asistencia adecuada, al tiempo comenzó a demorar las respuestas y a imponer su burocracia hasta que, finalmente, contra lo establecido en la ley indicó que no iba a cubrir la cirugía. En esa instancia llegó el caso a nosotros con la particularidad que tienen todos estos casos de vivenciar la fuerte angustia que sufren aquellos cuyo Derecho a la Salud no es respetado. Nuestro rol como abogados, y especialmente abogados Pro Bono, no es sólo informar y asesorar, sino sobre todo contener, acompañar y brindar la mayor claridad y tranquilidad posible.
El curso, por un lado, y la Red Federal, por el otro, nos permitió entender las alternativas legales que tenía Francisco y, a su vez, contar con el apoyo de otros abogados de la Red que nos dieron su apoyo y experiencia. Pudimos acompañar a Francisco en sus nuevas tratativas con la obra social hasta lograr que le dieran el turno tan deseado para realizarse la cirugía teniendo la suerte que, esta vez, no fue necesario iniciar una acción judicial.
Más allá de la satisfacción personal de poder aportar un pequeño grano de arena en la vida de una persona descubrimos la fuerza de la formación y el conocimiento en casos como éste donde muchas veces las organizaciones de la salud oponen trabas, excepciones y/o dificultades no amparadas por la ley, la cual a veces no es suficientemente clara. Además, el trabajo colaborativo nos permitió multiplicar esfuerzos con un solo objetivo, lograr un país más justo e inclusivo.
Invito a todo abogado y/o abogada a sumarse de estas iniciativas, a través del Consejo de Abogados de ACDE, a fin de poder seguir acercando la justicia a la gente que más lo necesita.