En la Conferencia Política de Acción Conservadora, llevada a cabo en la ciudad de Washington durante el mes de febrero, el Presidente de los argentinos, Javier Milei, afirmó en su discurso que la justicia social es violenta e injusta, que no es ni justa ni social, y que, simplemente, es una aberración, también dijo que la redistribución del ingreso implica robarles a unos para darle a otros.
Por su parte, el vocero presidencial, en su conferencia de prensa del día 28 de febrero, en sintonía conceptual con el Presidente, afirmó que el bendito Estado presente les quitó todo y no les dio nada a los argentinos, que la justicia social es la responsable del 50% de pobres que hoy existen a nivel nacional y que no estaba de acuerdo con las afirmaciones realizadas por el Santo Padre sobre este tema.
¿Que dijo el Papa Francisco? En su discurso de apertura del congreso convocado por el Comité Panamericano de Jueces (COPAJU), que inauguraba una sede en la ciudad de Buenos Aires (28/02/2024), el Papa afirmó que el Estado es hoy más importante que nunca y está llamado a ejercer el papel central de redistribución y justicia social. Y agregó: no alcanza con la legitimidad de origen, sino que el ejercicio debe también ser legítimo, y concluyó el tema con la siguiente reflexión: ¿de qué sirve el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas?
En otras y reiteradas ocasiones el presidente Milei también afirmó que el Estado es una organización criminal y que el cobro de impuestos es un robo. Sin duda, estos errores conceptuales y la confusión de los planos del deber ser y de lo que es en cabeza de quien tiene en sus manos el manejo de la cosa pública es grave, y de suma gravedad, por cuanto tiene consecuencias en materia social y económica.
Contrariamente a lo que sustenta ideológicamente el presidente Milei, el Estado no es organización criminal ni el cobro de impuestos es un robo. Hay que distinguir el accionar del Estado en Argentina, lo que es, convertido en un botín político, donde la cosa pública se convirtió en el negocio privado de pocos, y otra cosa es lo que debe ser el Estado, la causa que lo legitima y la finalidad redistributiva de la política fiscal en orden a la justicia y la equidad social.
El Estado – como la Familia- es un ente natural (ente moral, no físico) y necesario para la vida del hombre, y en tanto ente natural significa unidad de orden, por cuanto el hombre tiende a vivir necesariamente en forma organizada[1]. Asimismo, la autoridad es una propiedad esencial del Estado y la causa que la legitima, causa final del Estado, es el Bien Común, entendido éste como el conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo conveniente y pleno de su propia perfección[2]. Por tales razones, certeramente afirma el Papa Francisco, que no alcanza la legitimidad de origen de la autoridad, sino que el ejercicio de la misma debe ser legítimo en tanto cumpla con su propia finalidad, aunque el vocero presidencial no esté de acuerdo.
Tampoco es cierto que la justicia social sea la responsable del 50% de pobres en Argentina, y mucho menos que la misma sea violenta e injusta, o una aberración, como afirma el presidente Milei. Gravísimo error conceptual, inadmisible en quienes detentan la máxima autoridad política puesto que ello trae aparejado no menores consecuencias a la hora de definir e instrumentar políticas económicas.
La gestión de gobierno del Presidente Milei adhiere conceptual y filosóficamente a las ideas anarco-capitalistas y libertarias de David Friedman, hijo de Milton Friedman (Escuela de Chicago) y autor de la obra La maquinaria de la libertad (1973), obra en la que proclama una sociedad sin gobierno, por cuanto éste es hacedor de actividades ilícitas como el cobro de impuestos, y que sólo la propiedad privada y el mercado libre hacen posible la libertad y que cada individuo controle su propia vida, en una sociedad interdependiente de la colaboración voluntaria. También adhiere al pensamiento de la Escuela Austríaca de Economía de Mercado, uno de cuyos principales exponentes, Friedrich von Hayek, afirma: “(…) he llegado a considerar la justicia social nada más que como una fórmula vacía (…) La expresión justicia social por lo general se emplea hoy como sinónimo de lo que antes solía llamarse justicia distributiva”[3].
Algunas precisiones conceptuales. La justicia distributiva refiere a la obligación del todo (Estado) para con las partes (ciudadanos) y su objeto propio consiste en redistribuir la renta nacional en forma equitativa y proporcional, teniendo en cuenta a los más necesitados; obliga también al Estado a generar y a asegurar las condiciones sociales que hagan posible un nivel de subsistencia digno para todos los ciudadanos. Para cumplir con este objetivo el Estado cuenta con la política fiscal, cuya razón de ser es lograr un efecto redistributivo de la renta nacional mediante el ingreso y el gasto público definidos y aprobados presupuestariamente.
La justicia legal refiere al ordenamiento de las partes (ciudadanos) respecto del todo (Estado), y en la que el Estado impone las cargas en orden al Bien Común con sustento en el criterio de proporcionalidad. Esta justicia supone la obligación (obligación moral) de los ciudadanos de pagar impuestos y de contribuir en función de su patrimonio e ingresos con el Bien Común, pero también exige que el sistema tributario no sea confiscatorio, esto es, que no atente contra la propiedad privada y que los impuestos y las cargas sean aplicadas y repartidas en su justa proporción, mediante una prudente medición de la capacidad contributiva de los ciudadanos. “(…) la justicia legal es virtud especial en su esencia, en cuanto mira al bien común como objeto propio. Y así radica en el gobernante, en primer lugar, como virtud arquitectónica, y en los súbditos, luego, como obligados administrativamente”[4]
En cuanto a la justicia social, es un concepto más amplio y general que el de justicia legal y engloba las responsabilidades de los gobernantes y de los gobernados, es decir de todo el cuerpo social respecto de los más necesitados y rezagados en la participación del Bien Común.[5]
En síntesis, el Estado no es una organización criminal, la imposición y cobro de impuestos no es un robo y la justicia social no es una aberración ni la responsable del nivel de pobreza en Argentina, si a esto llegamos es por no haber cumplido el Estado con su finalidad y por haberse convertido en ámbito propicio de corrupción y asistencialismo degradantes.
Ojalá las actuales autoridades así lo entiendan, ojalá acudan a una cuota de realismo y lleguen a distinguir con claridad conceptual –lejos de todo fundamentalismo y de toda ideología- lo que es de lo que debe ser, esto les permitirá, como dice el Papa Francisco, ejercer el poder para la construcción de sociedades justas. Sólo así será legítima la autoridad que la mayoría del pueblo argentino les ha confiado.
[1] Carmelo E. Palumbo: Guía para un estudio sistemático de la Doctrina Social de la Iglesia. Editorial CIES, 4ta Edición, págs. 235 y ss.
[2] Juan XXIII: Pacem in terris, 58
[3] Friedrich von Hayek: Nuevos estudios, Editorial Eudeba –pág. 51
[4] Santo Tomás: Summa Teológica, II-II, q.58 – art.6
[5] Carmelo E. Palumbo: obra citada, pág. 105
Excelente análisis con impronta kantiana, clara identificación de dos de las causas de muchas de nuestras deficiencias como sociedad «fundamentalismo e ideología». Felicitaciones y agradecimiento al autor por compartirlo.