Soy consciente que el tema del Consejo de la Magistratura no despierta interés frente a los gravísimos problemas que vive el país. La gente común lo ve como un tópico más en los cuales se entretienen los políticos para esconder, o despreocuparse, de la inflación, la pobreza, la seguridad y otros muchos problemas acuciantes que nos golpean día a día. Hasta puede percibirse un cierto fastidio cuando los legisladores o la política en general se ocupa de los tejes y manejes que rodean este tema. Es más, me atrevo a decir que la gran mayoría de la población no sabe cuál es el objeto y para qué sirve el Consejo de la Magistratura. Lo ven como una “rosca” más de los políticos cuyo resultado final no importa a nadie.
Sin embargo, me parece que tiene su importancia pues se trata, nada más ni nada menos, que el nombramiento de los jueces y la destitución de los incompetentes. Y allí sí que la ciudadanía opina y protesta porque de que se nombren buenos jueces depende, en gran medida, muchos de solucionar problemas como la seguridad, la corrupción, la presión impositiva y hasta, en alguna medida, aunque sea indirecta, el fenómeno inflacionario en tanto la solución de este depende de actos de gobierno mucho de los cuales pueden ser tachados de inconstitucionales porque afectan el derecho de propiedad de los ciudadanos.
Lo triste es que, efectivamente, la clase política ha erigido el Consejo de la Magistratura como un escenario más de una batalla donde se prioriza la política partidaria, la negociación politiquera y el intercambio de favores.
Esta situación ha desvirtuado la idea que primó al crear el Consejo de la Magistratura cuando se lo introdujo en la reforma constitucional de 1994. No es del caso discutir ahora si fue una buena o una mala idea; si hubiera sido mejor no incluirlo o si se trató de un intento honesto destinado a alejar la política partidaria de la delicada misión de nombrar jueces capaces y honestos. Ese debate ya se dio y hoy el Consejo de la Magistratura está en nuestra Constitución, por lo cual -por lo menos hasta que tengamos la necesaria calma y armonía que nos permita encarar una reforma constitucional- allí está el Consejo y debemos procurar que cumpla su función. Especialmente los políticos tienen esa misión.
Pero, lamentablemente, se ha desvirtuado la idea original y desde su instalación es un espacio más donde lo que prima es la política partidaria en lugar de la preocupación por encontrar sistemas que permitan la formación y designación de jueces honestos, independientes y eficientes con prescindencia de su ideología y forma de pensar.
El Consejo de la Magistratura fue pensado como un órgano técnico que acotara la facultad discrecional de designar jueces que, en nuestra Constitución histórica, y hoy persiste, está en manos del presidente de la Nación y el acuerdo del Senado. Es en esos ámbitos donde es válido y hasta conveniente el debate político y el análisis de los candidatos aun tomando como uno de sus elementos sus posturas ideológicas. Ocurrió que ese sistema, que en Estados Unidos -nuestro modelo- funciona aceptablemente bien, en nuestro país no funcionaba adecuadamente y daba lugar a nombramientos amañados o que surgían de intercambios partidario o retribución de influencias. La idea de los constituyentes, que surge con toda claridad de los debates en la convención de Paraná de 1994, fue crear un cuerpo donde estén representados los estamentos profesionales, académicos y políticos. Este esquema tenía como función evitar que el nombramiento de jueces estuviera teñido de corporativismo, los representantes de los órganos elegidos por el voto popular se pensaron, no para que representaran partidos o espacios electorales, sino para evitar el corporativismo profesional en las designaciones.
Pero lamentablemente, las últimas elecciones han demostrado como se desvirtuó la idea original. Con ello no pretendo hacer un juicio de valor sobre los candidatos, especialmente los triunfantes, quienes tienen valores indudables. Pero las notas periodísticas, sus declaraciones y el devenir de la campaña electoral muestra que se dejó de lado la política estamentaria para reemplazarla por la lucha política partidaria. No se enfrentaban abogados o jueces que tuvieran diferentes visiones de sus oficios, sino aquellos seleccionados en los partidos políticos valorándose sus méritos en las funciones de gobierno que en las profesionales y con el objeto de que incidan en los futuros nombramientos o destituciones con criterios partidarios. En definitiva, intentar tener una justicia afín con las ideas del gobierno de turno.
Ello con ser un defecto importante puede superarse con la conducta individual de cada uno de los elegidos si hace primar los intereses y las visiones del estamento que representa por encima de su trayectoria o su militancia política, pero, lamentablemente, todavía no se nota esa conducta.
Es lamentable que las noticias del Consejo giren alrededor de si admitirán o no a uno u otro candidato para integrar las ternas que se elevarán al Poder Ejecutivo en lugar de debatir ideas sobre los sistemas que se utilizarán para formar y seleccionar aspirantes a jueces, basado en la objetividad, la demostración de la idoneidad, la independencia y la honestidad a fin de constituir ternas integradas por juristas capaces y honestos que acoten la selección que debe realizar el Poder Ejecutivo entre éstos.
Esta tarea parece estar ausente en la preocupación de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ya deberían estar trabajando sobre la reorganización de un Instituto Judicial de Excelencia que acote la incidencia política en las designaciones al formar un panel de aspirantes ya clasificados en cursos exigentes; deberían también trabajar en la elaboración de un orden de mérito basado en atribución de puntajes objetivos que no estén incididos por la opinión política de los consejeros. Finalmente deberían organizarse los concursos en coordinación con los resultados de la Escuela Judicial de manera que garanticen imparcialidad y seriedad en los Jurados.
Por ahora, nada de ello está ocurriendo y solo vemos noticias que muestran negociaciones y vetos a candidatos basados más en sus opiniones políticas que en su idoneidad.
Uno de los objetivos primarios para recuperar la Argentina es darle su verdadero sentido a las Instituciones y asegurar su permanencia y objetividad. Sin ello, los otros problemas más urgentes como la pobreza, la inseguridad, la corrupción y la estabilidad de nuestra moneda no encontrarán el camino para su solución