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Disparen contra la Justicia independiente

Escrito por Enrique del Carril
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Nuestros resultados respaldan la hipótesis de que el último baluarte contra la autocratización es el poder judicial” Vanesa Boesse, citada en Lawfare…pero al revés: el punto de quiebre de las democracias, desde Israel a la Argentina”, Inés Capdevila en La Nación del 1 de abril 2023.

El texto que encabeza este artículo tiene para los argentinos una vigencia notable porque muestra que el sistemático ataque a la Justicia por los otros poderes no es patrimonio nuestro, sino que somos parte de una ola, a mi juicio siniestra, que invade otros países del mundo con características similares.

El ataque al sistema republicano basado en la independencia de poderes, entre ellos la Justicia como órgano destinado a ejercer el control de legalidad, demuestra que la forma de estado democrática, cuya esencia es la elección popular y periódica de sus gobernantes, sufre el ataque del populismo cuyo resultado natural es el autoritarismo ejercido por un caudillo providencial o por una oligarquía mafiosa.

La historia nos enseña que el hombre siempre buscó limitar el poder: “el poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente”, dijo con sabiduría Lord Acton . Por eso el hombre, desde la filosofía o la práctica se ha preocupado de buscar sistemas institucionales destinados a controlar a aquellos que ejercen el poder.

En esta reflexión y en los movimientos que los siguieron, el ejercicio de la Justicia como virtud individual y como institución política fue siempre el medio que los hombres buscan afanosamente para frenar la prepotencia de los autócratas. Es así como podemos ver, analizando la historia de las instituciones políticas el esfuerzo puesto para instaurar un sistema que, a través de la aplicación de la ley y, cuando fuera necesario, la adecuación de la misma a la clásica definición de Justicia -dar a cada uno lo suyo- la lucha para introducir en la arquitectura política una institución que tengan la última palabra para la solución de los conflictos humanos. 

Dos tradiciones pueden vislumbrarse en ese esfuerzo. Una de ellas es la continental europea, heredera de la revolución francesa, que desconfiaba de los jueces elegidos por el rey cuya derivación fue la creación de tribunales populares y la subordinación de las decisiones finales al legislativo. La otra tradición, el common law, frente al peligro de ocasionales dominios de autócratas locales u oligarquías sociales o económicas crearon un Poder Judicial que tuviera la facultad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes y juzgar a los poderosos sin limitaciones. Para ello establecieron mecanismos que garantizaran la independencia de los jueces y el equilibrio entre los diferentes órganos de gobierno. Este sistema, cuyo modelo fue la constitución de los EE.UU. es el que nos rige y que hoy está en peligro.

Hace unos días la vicepresidente ha dicho que nuestra organización judicial está obsoleta y que, urgentemente, debe cambiarse. Lo expone cuando ella está procesada y condenada en primera instancia en causas de corrupción. Pero: ¿qué propone en su reemplazo? Un sistema en el cual el nombramiento de los jueces, por diversos y tortuosos caminos, este en manos del poder político de turno y que así, se diluya el control de constitucionalidad y el juzgamiento de la corrupción. 

En nuestro país, a pesar del coraje de nuestra Corte Suprema y de muchos tribunales que no se doblegan ante las presiones de la política, el Poder Judicial está en crisis y las encuestas muestran un valor negativo en la confianza de la ciudadanía. Uno de sus mayores problemas es la falta de un sistema objetivo de formación y nombramiento de jueces. El Consejo de la Magistratura, concebido como medio para asegurar el ingreso de los mejores a la Justicia, hoy es una asamblea de política partidaria donde se negocian los nombramientos o destituciones con criterios puramente ideológicos. Llama la atención que, salvo honrosas excepciones, los representantes del gobierno, de la oposición y de los estamentos profesionales, no propongan sistemas objetivos de designación de jueces en lugar de insultarse mutuamente o hacerse zancadillas o chicanas para integrar el Consejo con el único fin de dominar el sistema de designación y remoción de jueces.

Parece que esta triste realidad también ataca a otros países como Israel y Turquía. La causa de esta situación es, sin duda, el ataque al sistema democrático por populismos de distinto signo cuyo objeto es conseguir el ejercicio del poder absoluto.

Soy consiente que el país tiene problemas más acuciantes como la pobreza o la inseguridad. Pero creo, a su vez, que la solución de estos flagelos solo se logrará con un Poder Judicial de excelencia que permita que vuelva el imperio de la ley.

Sobre el autor

Enrique del Carril

Abogado. Ex director de la revista EMPRESA. Fue presidente del Colegio de Abogados de la CABA entre el 2006 y el 2010. Socio fundador del Foro de Estudios sobre Administración de Justicia (FORES).

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