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Actividad judicial en pandemia: querer es poder

  1. Pequeñas acciones

A mediados de 2020, en una localidad del AMBA, una joven jueza de primera instancia recibe a un colega en su despacho, previo otorgamiento de turno por medios electrónicos. Ambos con barbijo y respetando la distancia de seguridad. La magistrada, personalmente, le inserta el “sello medalla” del juzgado al instrumento (un testimonio librado en una sucesión) y se lo entrega al letrado luego despedirse cordialmente no sin antes ofrecerle sanitizar sus manos con un spray de alcohol 70-30 %.

En otra localidad del área metropolitana, mientras su hija mayor asiste a una clase escolar vía Zoom y el menor, de un año y pico, les avisa a los gritos que necesita un cambio de pañal, un funcionario judicial hace clic en el Sistema para el libramiento de un oficio firmado digitalmente, en el que se incluye un código QR cuyo escaneo por parte del destinatario, previa remisión vía mail, permitirá la verificación de la validez del documento y de su firma.

Instantes antes del amanecer, en un barrio porteño, la secretaria de un juzgado redacta una providencia que, más tarde, enviará electrónicamente a la jueza para su firma digital y publicación en el Sistema. En una parte del proveído proyectado se autoriza su notificación a las partes vía correo electrónico a la dirección institucional de la destinaria, publicada en su sitio web oficial.

Estos son mínimos ejemplos anónimos de las más variadas situaciones que se han producido durante la vigencia de la feria extraordinaria decretada en marzo por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, luego de más de cuatro meses, ha llegado a su fin; y del asueto que en sentido concordante dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Así como los médicos se juegan la piel para prestar sus esenciales servicios –y de hecho han merecido los aplausos de la sociedad en general, por lo menos al principio–, durante esta cuarentena he visto en primera persona, como abogado litigante, cómo también jueces y demás funcionarios judiciales, tanto en la jurisdicción nacional como en la provincial, demostraron sentir esa necesaria vocación de servicio. Con tal de favorecer que las causas avancen, seguramente las personas que integran los órganos judiciales han alterado sus hábitos familiares, sus rutinas, sus costumbres. Como todos a quienes toca atravesar este momento tan difícil. Pero con la determinación puesta en superar las dificultades que sea necesario sortear para asegurar a la población la prestación de este también esencial servicio.

He aquí la importancia de las pequeñas acciones. Cada decisión tiene una repercusión singular; con muy poco se puede hacer mucho. Así como está en la unión de todos salir bien parados de esto, también está en cada uno. El aporte y el esfuerzo individual construyen el aporte colectivo.

  1. Flexibilización en la emergencia

La llegada del coronavirus dio al mundo de los tribunales el empujón que necesitaba para pasar de un lento proceso de modernización a uno abrupto. Es que el aislamiento precipitó la llegada repentina de transformaciones que en el Poder Judicial durante los últimos años se venían cocinando a fuego lento: la firma electrónica de los escritos prescindiendo por completo del “formato papel”, la digitalización total de los expedientes, el libramiento electrónico de oficios (pedidos de informes o comunicaciones de órdenes judiciales a organismos externos) son solo algunos ejemplos. 

Pero, como solemos decir los litigantes, “cada juzgado tiene su librito”: las directivas que delinean las autoridades son aplicadas con distintos alcances según el intérprete. Así que nos encontramos con juzgados “proactivos”, que en forma remota demuestran hacer todo a su alcance para que los expedientes avancen –con las limitaciones lógicas del trabajo no presencial– y también con juzgados más “relajados”, que nos tienen acostumbrados a sus clichés para decir que no a cualquier impulso.

En este punto se hace necesario aclarar que las directivas que reciben los jueces bonaerenses por parte de la Corte provincial no son las mismas que las que la Corte nacional viene estableciendo para los jueces nacionales y federales. Mientras que la primera dio claras muestras de su determinación por reactivar el trámite de las causas en cuanto y como fuere posible, el Máximo Tribunal nacional –si bien predica en los considerandos de sus acordadas sobre la importancia de garantizar la prestación del servicio de Justicia– ha mostrado mayor tibieza.

A mi criterio, con esa endeblez se ha permitido a los juzgados inferiores un marco de acción demasiado amplio para admitir o denegar un pedido de reanudación del trámite de un expediente, o de cumplimiento de un acto determinado, aún en los casos en los que las constancias de la causa están digitalizadas íntegramente y no existe afectación del derecho de defensa de la otra parte. Cuando de lo que se trata, claro está, es de aprovechar desde cada hogar los medios al alcance para que, evitando la realización de actos presenciales, los asuntos judiciales no estén completamente parados.

Es que los jueces tienen el deber y la responsabilidad de garantizar la prestación del servicio esencial del que resultan funcionarios, llueva o truene y, también, en medio de una pandemia. No deberían entonces ser capaces de dormir tranquilos si los tribunales están cerrados. Es importante recalcar que el servicio de Justicia se brinda a través de nada menos que uno de los tres Poderes del Estado.

Lamentablemente a veces, a pesar de que predominan los que demuestran lo contrario, sucede que ya sea por falta de suficiente voluntad, o de vocación de servicio, el llamado que reciben quienes cargan con esta misión social, no alcanza.

Indudablemente la llegada repentina de transformaciones para adaptar la forma de prestación del servicio de Justicia al teletrabajo pone en juego la encomiable seguridad jurídica, ya que la existencia de nuevas reglamentaciones, hechas a contrarreloj, implica la flexibilización de normas formales tradicionales. Pero aquí es donde cabe preguntarse ¿cuál es el daño menor?, ¿no estamos ante una verdadera emergencia?, ¿qué sentido tiene empeñarse en mantener intactos procedimientos rígidos de antaño en un contexto así?

Si nos aferramos al anhelo de tener una modernización en circunstancias óptimas, probablemente la verdadera modernización nunca llegará, o más bien, tardará demasiado en llegar, dejando con esa tardanza daños colaterales más graves. Tenemos que elegir entre avanzar a los golpes, asumiendo riesgos, o quedarnos paralizados.

  1. Querer es poder

Parece evidente que las autoridades nacionales y provinciales –estas últimas con mayor énfasis– han decidido avanzar a los golpes. La reciente decisión de reanudar la actividad judicial, aún en plena pandemia y bajo la premisa de evitar la realización de actos presenciales, así lo evidencia. 

Es imprescindible que se garantice a la población el acceso a la Justicia, no traducido únicamente en el tratamiento de asuntos urgentes durante la emergencia, sino en el de los asuntos judiciales en general, para que verdaderamente este servicio no se vea interrumpido. Y para eso hay que jugarse la piel: flexibilizar cuanto sea necesario flexibilizar y asumir cuanto riesgo sea necesario asumir.

La llave la tienen no solo quienes toman las decisiones más importantes como cabezas del Poder Judicial según el territorio, sino también los operadores judiciales en sus distintas jerarquías, e incluso llegando hasta cada uno de los litigantes que cumplimos nuestro rol, empujando con mayor o menor esfuerzo en cuanto podemos. Insisto: la experiencia muestra que las pequeñas acciones trascienden.

Los recursos y las herramientas están a nuestro alcance. Es necesario aprovecharlos y –aunque con limitaciones– permitir que la rueda vuelva a girar de verdad. El desenvolvimiento de las relaciones económicas así lo requiere. Querer es poder.

Sobre el autor

Manuel Pérez Taboada

Manuel Pérez Taboada

Abogado (UBA) Magíster en Derecho Civil Patrimonial, responsable del departamento de litigios del Estudio del Carril, Colombres, Vayo & Zavalía Lagos (CCVZ abogados).

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