La gente se fascina viendo The Crown o Game of Thrones, que son cosas que le suceden a una clase privilegiada, de la manera en que se puede interesar por el debate sobre el teletrabajo, que impacta solamente a una minoría que tiene un empleo estable y de calidad.
El primer elemento que vale la pena destacar de la reunión de la comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados sobre este tema es que fue televisado por lo que todos los interesados pudimos asistir en forma remota.
El trabajo a distancia debe analizarse como una modalidad que surge a partir del advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y que, como tal, puede tener beneficios o dificultades en materia tecnológica, espacial, de transporte, de formación, y de conciliación de la vida particular con el trabajo, según cada caso.
Es muy difícil regular parejo para todos. Ciertamente, este proceso puede derivar en una precarización laboral pero también una flexibilización de normas que pueden favorecer al trabajador.
Pareciera que existen dos argentinas: una formal e integrada al mundo, que brinda empleos de alta calidad a un 41 por ciento de los trabajadores según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA y otra, oculta de la regulación estatal tras el esmerilado vidrio de la informalidad, que nuclea al 45 por ciento de las familias según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
La pandemia puso de manifiesto que la regulación en materia de geriátricos es muy buena, pero que el Estado no tiene capacidad de registrar a todos los establecimientos existentes porque hay muchos que no han aprobado la regulación y que, por lo tanto, no deberían existir pero que ahí están igual porque hay ancianos que no pueden acceder a los que están regulados pero que necesitan un lugar en donde residir y ser atendidos. Hecha la ley hecha la trampa. Recién ahora, ante la imperiosa necesidad de adaptarse a la realidad, apareció la idea de constituirlos en categorías.
El proyecto de teletrabajo habla de una contención sanitaria, tecnológica, mobiliaria y asistencial, más que encomiable. Lo cierto es que el teletrabajo ya existe y va a seguir existiendo de hecho.
Si fuera por la normativa vigente, los argentinos tenemos acceso universal a la salud, a la educación, a la justicia, a la seguridad, a la vivienda digna, a la formación profesional y a otras tantas maravillas anunciadas desde los atriles pero que no se efectivizan en los hechos o que son de acceso limitado.
Los trabajadores informales podrían disfrutar en muchos casos del beneficio de un teletrabajo digno si el Estado efectivamente brindara a todos los servicios esenciales. Más aún, esta otra mitad de la población en gran medida podría formalizarse si el Estado calmara su apetito fiscal. Cuando apareció el monotributo mucha gente accedió a él y regularizó su situación. Hasta que, con el objeto de impedir los abusos de la figura equiparadora, la AFIP complejizó el trámite hasta sacarle todo atractivo para el hombre de a pie.
En la medida en que el Congreso siga discutiendo normativas que aplican a cada vez menos argentinos, la población seguirá el tratamiento parlamentario de proyectos como se sigue una novela de ficción: cosas que le pasan a otros. No deberíamos extrañarnos que en algún momento la ciudadanía se pregunte para qué mantiene esa clase de instituciones cuyos actos no tienen aplicación en la vida real. Como pasó con la monarquía.
La masificación del acceso a la tecnología está obteniendo beneficios para la gente que los burócratas ni habían imaginado. Será mejor que éstos sean parte, y no un obstáculo, para el cambio cultural que estamos viviendo.
