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La reforma judicial propuesta y su impacto en la seguridad jurídica para las empresas

Parecería un contrasentido que, con una justicia ineficiente, con un gran desprestigio en la sociedad, y además sospechada en muchos casos de favorecer la impunidad, se pueda plantear una oposición a su reforma.

Pero el problema, es que esta reforma no busca solucionar las deficiencias del sistema judicial, muy por el contrario, profundiza los problemas existentes y tiene una clara intencionalidad de vulnerar la independencia de los jueces.

Tampoco podemos dejar de considerar el contexto que rodea a este proyecto de reforma, que no es un hecho aislado, sino por el contrario, se enmarca en un avance generalizado sobre el Poder Judicial.

Los principales aspectos que merecen una especial atención y que provocan un cuestionamiento a este proyecto de reforma son los siguientes:

# Se constituye un único Fuero Federal Penal en la Ciudad de Buenos Aires con la unificación del Fuero Nacional en lo Penal Económico y el Fuero Federal en lo Criminal y Correccional.

La organización propuesta en esta reforma, no es coherente con las necesidades planteadas para la implementación del nuevo procedimiento penal acusatorio aprobado en el año 2019 y que se viene implementando progresivamente en las distintas jurisdicciones del país, según un cronograma, que contempla las cuestiones operativas y presupuestarias. 

En contrario sensu, crea una organización en función del actual sistema, que se pretende cambiar, aumentando la cantidad de jueces de primera instancia, cuando deberían aumentarse las fiscalías que van a ser las responsables de la instrucción de las causas y no los jueces de primera instancia, que cumplirían una función similar a los jueces de garantías.

# Omite preservar la estabilidad de los jueces y establece un sistema especial para subrogar los juzgados y fiscalías vacantes y a crearse según esta reforma.

La omisión en mantener la estabilidad de los camaristas, jueces y fiscales designados como titulares en los fueros que se reforman, pone en situación de inestabilidad a los funcionarios actuales. Máxime si tenemos en cuenta la reciente decisión del Consejo de la Magistratura de revisar los traslados de jueces, por considerar que no habían sido designados específicamente para esos nuevos cargos. Con este antecedente, al modificarse la competencia de los fueros federales, todos los jueces y fiscales de esos fueros, quedarían alcanzados por la necesidad de ser ratificados en sus nuevos cargos por el Senado de la Nación, para poder mantener la titularidad de los mismos.

Considero que esta cuestión es la más grave y delicada de toda la reforma, ya que vulnera la garantía de imparcialidad de los jueces, porque no se les asegura la estabilidad e intangibilidad en sus funciones conforme lo establece la Constitución Nacional.

En similar situación se encontrarían todos los funcionarios judiciales subrogantes, con el sistema que establece el proyecto de reforma. Es por ello, que todos los funcionarios de los fueros federales afectados por la reforma quedarían en una situación de vulnerabilidad incompatible con la independencia del Poder Judicial.

#Transfiere el Fuero Nacional en lo Criminal y Correccional y la competencia sobre la totalidad de los delitos ordinarios al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta transferencia se establece en un plazo máximo de 3 años. Sin embargo, sabemos que la transferencia de funciones debe estar acompañada de la transferencia de los recursos correspondientes y ello, en el marco de un convenio entre las jurisdicciones y sus correspondientes ratificaciones legislativas. O sea, que estamos ante una negociación, que es difícil de predecir en sus plazos y resultados, por cuestiones eminentemente políticas y económicas entre las distintas administraciones.

Durante este período, el fuero queda en un limbo de incertidumbres e inestabilidad, que seguramente afectará el servicio de justicia que debe brindar, especialmente al tener competencia específica en los delitos ordinarios que afectan la seguridad ciudadana más cotidiana. Tampoco podemos, desconocer que esta situación se producirá ante una crisis sin precedentes en el país y en donde la violencia y el incremento del delito son amenazas ciertas que ya están generando “sensaciones de inseguridad”.

Por fuera del proyecto de ley de reforma, pero que hace al contexto de este avance sobre el Poder Judicial, se crea un Consejo Consultivo con el mandato de presentar propuestas sobre los tres importantes organismos constitucionales, que son ejes del Poder Judicial, como son la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Consejo de la Magistratura.

La conformación del Consejo Consultivo, sin la representación consensuada de todos los sectores interesados e integrado por dos abogados defensores en importantes casos de corrupción, que tramitan en los fueros que se pretende reformar, no constituye un mensaje de imparcialidad y despiertan ante la mirada ciudadana posibles cuestionamientos de conflictos de intereses.

Las características propias de la reforma del Poder Judicial, por su trascendencia en la vida institucional del país, exige la participación de todos los sectores de la sociedad, comenzando por los propios integrantes del Poder Judicial, con un amplio debate de las propuestas y analizando sus consecuencias. 

Este clima de debate y consenso necesario no resulta razonable en medio de las urgencias sanitarias, económicas y sociales provocadas por la pandemia. En donde, la situación, cada vez más grave amerita concentrar los esfuerzos en resolver cuestiones inmediatas y evitar que las sucesivas leyes y decretos de emergencia terminen generando consecuencias más negativas que las que la propia situación impone.

El exiguo plazo otorgado al Consejo Consultivo para presentar propuestas y la celeridad por aprobar el proyecto de ley presentado, no es consecuente con la necesidad de generar el consenso necesario para darle trascendencia a la reforma. La importancia del Poder Judicial en el resguardo del Estado de Derecho y las garantías constitucionales, amerita un tratamiento cuidadoso de sus reformas, tanto en los procedimientos para llevarla a cabo como en los plazos de su implementación.

Es por ello, que esta reforma atenta directamente contra la seguridad jurídica de las empresas, tan necesaria para generar proyectos de inversión que promuevan empleos, reduzcan los niveles de pobreza y alienten el crecimiento del país.

La Seguridad Jurídica es asimilable al respeto de las leyes de juego en un deporte.

Si se alteran las reglas de la práctica deportiva irrazonablemente, el deporte pierde sentido en sí mismo. 

En el caso de las empresas ocurre lo mismo, pierden competitividad y se desvirtúa su finalidad de búsqueda continua de resultados positivos en todas sus dimensiones.

Las reglas son las normas básicas que establece una sociedad para su convivencia y emanan de la Constitución Nacional. Es  la Justicia, quien debe, en última instancia hacerlas respetar cuando una empresa o un empresario vean afectados sus derechos y especialmente cuando el Estado, con sus facultades discrecionales pueda vulnerar derechos expresamente resguardados por la Constitución Nacional.

Sin un Poder Judicial independiente, como primer requisito de su existencia, los avances de otros Poderes del Estado sobre la propiedad, la libertad de comerciar, trabajar y ejercer toda industria lícita, la igualdad y, en fin, todos aquellos derechos y garantías que hoy nos asegura la Constitución Nacional, estarían subordinados al poder de turno.

Es cierto que la independencia de los distintos poderes nunca es perfecta, y es por ello, que se debe procurar la mayor independencia posible, pero esta reforma y el avance que se está produciendo sobre el Poder Judicial, busca dominar y subordinar la poca independencia que todavía conserva este poder de la República.

La subordinación de la Justicia es el primer paso, necesario para avanzar en gobiernos totalitarios, y allí radica el peligro para la seguridad jurídica y el futuro de la República concebida en nuestra Constitución Nacional.

Para finalizar, no se puede dejar de resaltar, que la seguridad jurídica actual adolece de graves falencias, y por ello es imperiosa la necesidad de reformar la Justicia, pero la forma y los procedimientos para hacerla requieren extremar los cuidados para generar consensos y debates amplios. Debemos ser creativos y encontrar soluciones para mejorar el servicio de justicia, esto implica, su acceso, su imparcialidad, su celeridad y su informatización.

El objetivo de esta búsqueda real de justicia, no puede ser otro que tener una mejora institucional. Lamentablemente, no es el camino elegido en esta reforma propuesta, sino por el contrario, va en el sentido opuesto.

 

*Imagen destacada: Tn.com.ar

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Gonzalo Riobó y Tomás Rigo

Miembros de la Comisión de Abogados de ACDE

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