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Inflación y Justicia

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Una reflexión sobre la dimensión moral de la lucha contra la inflación, que fue escrita en 1967, que pertenece a la historia de ACDE y de la República Argentina y que, lamentablemente, guarda una notable actualidad más de 50 años después[1].

Nuestro país se encuentra empeñado en una gran lucha contra la inflación. Hay más clara conciencia cada vez de la importancia que tiene conquistar la estabilidad, pues ella favorece el crecimiento económico, defiende el ahorro, fomenta las inversiones y, en general, aumenta la eficiencia de la economía.

Pero aparte de las razones de eficacia, existen otras de orden moral a las que me quiero referir aquí especialmente.

Nuestro sistema económico debe posibilitar el logro de las metas de bienestar, pero no sólo eso, ya que la paz social se fundamenta también en las de orden moral, propias de un sistema social civilizado.

Según Juan XXIII, son pilares de la paz social: la Justicia, la Caridad, la Verdad y la Libertad. ¿De qué manera la inflación debilita estos fundamentos del orden social? ¿De qué manera afecta los legítimos derechos?

Las encíclicas sociales no se han referido aun al tema específico de la inflación[i], pero [ii] pienso que se puede deducir, como consecuencia lógica de sus enseñanzas ético-sociales, una severa crítica al régimen inflacionario, pues este vulnera las normas universales de la justicia y de la verdad, que deben regir para las relaciones sociales.

Lo honesto es recurrir al impuesto para financiar las necesidades del Estado en materia de gastos y de inversiones. Hacer frente a estas necesidades fiscales, por más justificadas que sean, por medio de la emisión de moneda sin respaldo, es optar por un método fácil y demagógico, un método que adolece de falta de claridad y de verdad que deben tener los actos de gobierno. Mediante el déficit queda sin establecer formalmente cómo se soportan los sacrificios inevitables que todo gasto publico representa para la población.

El sistema hipócrita del déficit disimula ante la colectividad el verdadero costo de la acción estatal, el que se cubre con el gravamen oculto que impone la inflación.  Este impuesto inflacionario es el más injusto de los impuestos, pues carece de progresividad y afecta en mayor forma a las clases sociales de menores recursos, cuyos patrimonios en mayor proporción están constituidos por activos monetarios.  La inflación la soportan especialmente los tenedores de monedas y de réditos, los pequeños ahorristas y los perceptores de rentas fijas.

Podría argumentarse, para justificar la devaluación de la moneda que el derecho de propiedad no es absoluto y que los derechos que encierran los créditos y la tenencia de billetes no son ajenos a esta limitación del derecho de propiedad, pudiendo sufrir disminución de valor por exigencias del bien común.  Este argumento es válido cuando se produce una devaluación justificada por serias razones y en forma ocasional, pero no en el caso de «la inflación institucionalizada» que, de una manera continua y engañosa, con verdadero ocultamiento, produce el deterioro y falseamiento de los derechos.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la moneda es sólo intermediaria de valor, es representante de derechos preexistentes, nacidos del trabajo o de la propiedad que se han transferido por comodidad a la forma de moneda fiduciaria, o sea se ha aceptado la investidura del documento de fe -moneda fiduciaria legal de circulación obligatoria­ que tiene el aval del Estado en respaldo de los derechos, que han sido transferidos a la moneda.

¿Quién duda que la dignidad nacional de un Gobierno, que no vacila en colocar en los billetes los símbolos más preciados de nuestra soberanía y nacionalidad, se ve afectada en la medida en que sufra el crédito de los documentos que el Gobierno garantiza en forma de moneda legal?

La estabilidad logra una mayor eficiencia de la economía. Pero también respeta legítimos derechos y favorece la veracidad en los procedimientos de la autoridad social, que son elementos básicos del orden moral y del bien común y que la inflación vulnera gravemente.

 

[1] Hernando Campos Menéndez fue más que socio fundador, el principal compañero de Enrique Shaw en la fundación de ACDE y ex presidente de la Asociación en dos ocasiones (1957-1960 y 1982-1984). Esta nota fue publicada en la edición N°10 de la revista Empresa de octubre de 1967 y en ese momento, Campos Menéndez era director del Banco Central de la República Argentina.

[i] Esta carencia que señalaba el autor en 1967 no ha variado hasta hoy significativamente. El magisterio de la Iglesia no se ha detenido en el problema de la inflación, más que para señalar sus efectos, pero sin ingresar en su etiología ni en una reflexión sobre su dimensión moral. Lo cual le da a la intuición de Campos Menéndez un valor muy relevante. Para algunos autores, obedece a que la inflación en la mayoría de los países del mundo no ha sido jamás una problemática que afecte gravemente la vida de las personas durante períodos prolongados de tiempo. Para más detalles se puede consultar esta nota de la revista Criterio en 2021 https://www.revistacriterio.com.ar/bloginst_new/2021/01/15/la-inflacion-en-la-perspectiva-de-la-moral-social-catolica/

Sobre el autor

Hernando Campos Menéndez

Socio fundador de ACDE, ex presidente de la Asociación en dos ocasiones (1957-1960 y 1982-1984). Fue director del Banco Central de la República Argentina.

Responder a Gustavo Rojkín X

2 comentarios

  • Excelente artículo y de gran actualidad.
    quienes tuvimos la dicha de conocer a Hernando, nos place esta oportunidad de recordarlo a traves de esta enseñanza tan oportuna.

  • Muy bueno. Puede verse como ACDE se mantuvo «a la altura de los tiempos». Muchisimos articulos de sus socios tienen plena vigencia.»ver Empresa»