En octubre de 2004 un equipo de consultores externos realizó, a pedido del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, Argentina), una evaluación sobre los resultados logrados por el llamado “Diálogo Argentino”. Iniciativa que muchos recordarán, surgió hacia fines de 2001 para la búsqueda de soluciones concertadas orientadas a superar la grave crisis institucional, social, y económica que atravesaba el país. Propuesta que fue interrumpida por la caída del Gobierno del Presidente de la Rúa, posteriormente retomada a inicios de 2002 por el Presidente Eduardo Duhalde, hasta ser progresivamente abandonada.
No es mi intención recordar resultados de dicho Informe, sino detenerme en una particularidad de la sociedad argentina señalada ya por aquel entonces: su alto grado de intransigencia. Cualidad especialmente exacerbada en épocas de crisis en las cuales se desactivan lógicas de diálogo, activando lógicas de emergencia que terminan concentrándose en el Poder Ejecutivo promoviendo la discrecionalidad y la aparición de comportamientos sociales no cooperativos. Resultado opuesto a la gobernanza participativa que todo diálogo social intenta alcanzar, convirtiéndolo así en un precursor relacional clave a la obtención y gestión de consensos sociales. Deteniéndome en estas afirmaciones incluidas en dicho Informe y reflexionando sobre la realidad social argentina actual, me pregunto: ¿Qué resultaría razonable esperar que le ocurra a una sociedad que especialmente en épocas de crisis profundiza su fragmentación e intransigencia en términos de producción y gestión colectiva de bien común?
Revisando escritos que acostumbro a debatir con alumnos, encuentros pertinentes al menos dos que servirían en el intento de encontrar algún tipo de respuesta. En primer lugar, la tesis que controversialmente señalaba el economista y sociólogo Mancur Olson en su estudio sobre la acción colectiva: la muy baja probabilidad de que grupos grandes organizados aporten de manera voluntaria grandes recursos para producir bienes colectivos (inclusive públicos), sin la aplicación de incentivos selectivos positivos o negativos (bonificaciones fiscales, censura, cuotas, cargos, impuestos, etc.). Lo cual implica que es un error suponer (al menos a priori), que determinado grupo (sindicato, partido político, por ejemplo) estará siempre dispuesto a satisfacer un interés cuyos beneficios se reparten aún entre aquellos que no colaboran (paradoja que no suele ocurrir, tal como demostró Elinor Ostrom a través del estudio de la gobernanza de recursos de uso común de pequeña escala, en grupos chicos en los cuales se registran altos niveles de homogeneidad, interacción, consenso y arbitraje). ¿Será ésta la causa que explicaría entonces la falta o el bajo nivel de cooperación que particularmente en épocas de crisis se registra entre distintos grupos sociales aún cuando lo que está en juego es el bien común?
En segundo lugar y partiendo de lo anterior, lo que resultaría razonable esperar (o más vale en el caso argentino confirmar), es la aparición, tal como lo señalaba el economista Albert O. Hirschman en su análisis sobre las reacciones opuestas al cambio del status quo, de muros de intransigencia que se expresan a través de al menos tres tipos formales de argumentos: el de la perversidad, el de la futilidad, y el del riesgo. Afirmaba: “Según la tesis de perversidad, toda acción deliberada para mejorar algún rasgo del orden político, social o económico sólo sirve para exacerbar la condición que se desea mejorar. La tesis de la futalidad sostiene que todas las tentativas de transformación social serán inválidas (…). Finalmente, la tesis del riesgo arguye que el costo del cambio o reforma propuesto es demasiado alto, dado que pone en peligro algún logro previo y apreciado” (Hirschman, 1991). ¿No son estos acaso los argumentos que estamos acostumbrados a escuchar en toda discusión económica, social y/o política en la que se intente plantear algún tipo de cambio social? ¿Será por esto por lo que gran parte de nuestros dirigentes grita?