La política argentina, la justicia social y la difícil relación entre el Estado y el mercado

Una de las novedades que ha traído la reciente campaña electoral es el retorno de la idea de justicia social como tema de discusión dentro de la vida pública y política argentina. Si bien en nuestro país esta idea aparece fuertemente vinculada a la Doctrina Social de la Iglesia Católica, y suele ser la obra de Taparelli la cita obligada a la que se apela al momento de intentar establecer la génesis de este concepto, lo cierto es posible encontrarla, al menos como expresión, desde textos anteriores, como por ejemplo Los Papeles Federalistas[1]. Curiosamente, y a pesar de todo lo que se debate en Argentina sobre la justicia social, es extremadamente difícil encontrar alguna definición que sea unánimemente compartida, siendo la propia noción un tema de discusión por sí mismo.

La tesis que pretendo defender en los párrafos que siguen es que gran parte de la discusión política argentina, especialmente de estos últimos años, está empantanada entre otras cosas debido a que, tanto aquellos que se posicionan a favor de la idea de justicia social, como los que dicen oponérsele, debaten sobre la base de presupuestos conceptuales diferentes. En efecto, considero que, aunque hay muchos partidos o grupos políticos argentinos que defienden o que se oponen a la idea de “justicia social”, la falta de acuerdo sobre el sentido último de esta expresión ha vuelto al debate político sobre la cuestión un diálogo imposible.

Para mostrar esto, me propongo en lo que sigue revisar el uso que se hace de la noción de justicia social en la discusión pública argentina, y en concreto, a la apelación continua que se hace a esta idea al momento de evaluar los beneficios o perjuicios que causa el mercado, entendido este como una institución social en el que se dan los intercambios comerciales, y en el que las personas están guiadas por la lógica del autointerés. La elección de la relación entre los conceptos de justicia social y mercado no es azarosa. Más allá de cuál sea la correcta definición de justicia social, esta ha sido usualmente presentada como un concepto que, siendo de orden político, pretende ser una especie de árbitro, revisor e incluso corrector de los resultados que surgen de la dinámica propia del mercado. Si el mercado es, al decir de Rawls, es ámbito donde prima la “eficiencia” en la generación de riqueza, la justicia social es introducida como un elemento de orden político, con la finalidad de corregir las desviaciones que generaría la dinámica mercantil, y todo ello en invocando la noción de “justicia”[2].

Hecha la presentación, considero que es posible reconocer, no solamente dentro de los grupos políticos argentinos, sino, sobre todo, dentro de los intelectuales públicos argentinos, cuatro posiciones bien diferentes sobre esta difícil relación entre justicia social y mercado. En mi opinión, el reconocimiento de estas cuatro posiciones (que presento a continuación), su análisis y diferenciación, puede servir a modo de “puntos cardinales” para ordenar mejor el debate. Pasaré a exponerlos.

Hay un primer grupo, que podríamos vincular a las ideas de Hayek, que considera a la justicia social como una idea esencialmente nociva para el mercado y para la sociedad en su totalidad. Para quienes se ubican dentro de este grupo, más allá de si efectivamente citan o no al pensador austríaco, la justicia social es en verdad una idea vacía de sentido, pero que sirve a los políticos para intervenir en el mercado, sacar de allí recursos y luego distribuirlos arbitrariamente. Esta distribución se hace usualmente en su propio beneficio (aun cuando abiertamente justifiquen que lo hacen en nombre del “bien común”)[3]. Estas acciones hechas en nombre de la justicia social, además de suponer una injusta confiscación de la propiedad privada y una violación de libertades individuales, acaban perturbando la institución social que este grupo considera central: el mercado. En efecto, para estos el mercado es la institución que permite obtener la mayor eficiencia, la mayor riqueza, y es por lo tanto este el que debe ser protegido de la acción exógena que representa la intervención de los políticos, y su reiterado argumento de la justicia social. Al mismo tiempo, de no ser intervenido por el Estado, el mercado se ordena a su fin espontáneamente.

Para quienes interpretan así a la noción de justicia social, la tentación de aplicar la idea de “justicia” al mercado es algo que ciertamente está presente en la política argentina, pero que es necesario superar. Para ellos, hay que asumir que este concepto vacío de sentido lo único que ha hecho es traer innumerables problemas a nuestro país, comenzando por un crecimiento sostenido de la pobreza. En vez de luchar por la justicia social habría que luchar por lograr un mercado que sea lo más libre posible, sin que el Estado y los políticos lo limiten de ninguna manera por medio de impuestos, aranceles, etc., y redistribuyan (injustamente) sus resultados. Es una organización de plenas libertades individuales la que será más justa con las personas y con las libertades individuales.

Hay un segundo grupo, que podríamos vincular a las ideas de Adam Smith, que sostiene una posición que a primera vista es similar a la anterior, pero que, mirada con atención, tiene algunas diferencias sustanciales. Para quienes se ubican aquí, la idea de justicia social sí tiene un sentido positivo, y, por ende, es necesario que sea tenida en cuenta dentro de la vida política argentina. Para ellos la justicia social consiste básicamente en el lograr el mejor y mayor acceso a todas las personas a los bienes materiales. En otras palabras, luchar por la justicia social es luchar por el bienestar económico, y muy especialmente, por el mayor bienestar de aquellos que menos tienen.

La vinculación entre esta idea así definida y el mercado, sin embargo, es muy importante. La economía moderna señala que el bienestar material se logra con mayor rapidez y eficiencia permitiendo y favoreciendo la dinámica del libre mercado y de la libre competencia. Sin embargo, a diferencia del grupo anterior, la mirada que tienen estos es que el mercado y la competencia no se sostienen espontáneamente. Como había dicho Smith, aquellos que poseen mucho capital no desean verdaderamente competir. En cambio, “quieren ampliar el mercado, pero estrechar a la competencia”[4], y cosa que se logra, como señala el escocés, con la complicidad del orden político. En otras palabras, el mercado requiere, para existir, de una dirigencia política que, en primer lugar, no ceda a los pedidos (o presiones) de los grandes empresarios, siempre prestos a pedir protecciones y regulaciones, destinadas usualmente a aumentar sus ganancias a través de la imposición de restricciones a la competencia. El mercado también requiere que los empresarios y ciudadanos eviten caer en la tentación de coludirse entre ellos o con quienes ejerzan el poder político, y en cambio, se dediquen a competir entre ellos. Así, para este grupo, el mercado, fuente del bienestar (y generador, por lo tanto, de la “justicia social”) solamente existe dentro de un cierto marco político. La libre competencia no se mantiene espontáneamente, sino que requiere de una vida política activa y sólida. Al mismo tiempo, cuando el orden político promueva el mercado y la competencia, estará al mismo promoviendo la “justicia social”, resultado de esta interacción. Parafraseando de nuevo a Smith, el más pobre de un sistema donde efectivamente se da la libertad de comerciar y se garantiza la competencia, vive mejor que el más poderoso de un lugar donde estos principios no existen.

Hay un tercer grupo, que podríamos vincular a las ideas de la Economía Social de Mercado Alemán, que sostiene que la justicia social también tiene un sentido positivo, pero ya no como resultado del mercado, sino como meta político-económica, que incluye al mercado, pero lo trasciende. Para estos, la justicia social tiene como fin generar las condiciones sociales, políticas y económicas que permitan a las personas alcanzar su plenitud. Esto ciertamente se puede lograr en la medida en que se puedan poseer ciertos bienes materiales y cierta riqueza, pero este anhelo de plenitud incluye también a otros bienes que no necesariamente son provistos por el mercado. En otras palabras, para quienes se ubican en este grupo, el mercado es efectivamente la institución que crea riqueza de la manera más eficiente, pero la justicia social aparece ante el reconocimiento de que además de los bienes que provee el mercado, hay otros que, por su naturaleza, el mismo mercado no puede proveer. La búsqueda de la justicia social habilita a tomar decisiones políticas que, si bien pueden implicar alguna pérdida de eficiencia en la generación de riqueza, aspiran alcanzar un beneficio social legítimo pero imposible de ser satisfechos sin esa acción política extra mercado.

Aun cuando no hay acuerdo en qué elementos son los que deben ser cubiertos por el mercado, y cuáles en cambio deben ser cubiertos por el Estado (a costa de cierta eficiencia del propio mercado), en todos los que suscriben esta visión hay una coincidencia general en el principio que debe gobernar a la acción política. Esta debe ser realizada inspirada en la justicia social, que se logra en la medida en que haya tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario. Allí donde el mercado no puede resolver la cuestión es necesaria una definitiva y contundente presencia del Estado para salvaguardar la justicia. Pero aquellos bienes que pueden ser provistos por el mercado sin perjuicio social, este debe prevalecer.

Aparece aquí una cierta situación de tensión teórica, pues, asumido ese principio, hay un gran espectro de interpretación respecto de cuál es ese límite que habilita o no a una intervención estatal. Por un lado, el principio promueve al mercado en tanto que es propuesto como el primer proveedor de los bienes a los que aspira la sociedad. El Estado es primero presentado como una institución que se debe hacer presente solamente allí donde el mercado no logra o no ha logrado cumplir el objetivo deseado. La acción estatal es a primera vista supletoria o complementaria. Pero, por otro lado, hay un reconocimiento explícito de que el mercado, por su propia dinámica y naturaleza, no logrará nunca cumplir acabadamente con esta provisión. Hay bienes y realidades que son, por su naturaleza, imposibles de ser satisfechos por el mercado. A diferencia de los grupos políticos anteriores, la creencia en el mercado como único proveedor de bienes es para estos algo conceptualmente erróneo. El accionar del Estado no es algo accidental sino algo necesario para que se alcance la anhelada justicia social, resultado de esta combinación de mercado y Estado.

Finalmente, creo que es posible reconocer una cuarta corriente. Según quienes se ubican aquí, la justicia social también es una meta política y no un resultado del mercado. Pero a diferencia del grupo anterior, aquí el mercado es concebido como algo que obstaculiza el alcance de la justicia social y no algo que colabora, aunque sea parcialmente, con ella. En otras palabras, la justicia social, es para estos una meta para cuyo cumplimiento es necesario ir contra el mercado y, sobre todo, contra la lógica propia que rige dinámica económica. Por eso, conceptos y distinciones propias de la ciencia económica, como capital y trabajo, libertad de empleo y de empresa, búsqueda del auto-interés, etc., son vistos como conceptos problemáticos que, aunque puede que sean eficientes en términos de generación de riqueza, son los causantes de situaciones sociales intrínsecamente injustas. Hay una especie de conflicto entre política y mercado, y la política debe prevalecer. En nombre de la justicia social, el Estado puede y debe intervenir en el mercado e imponer una nueva ordenación, resultado esta no del auto-interés o de la búsqueda de ganancia, sino del bien común o de las necesidades sociales. La justicia social sería entonces para estos la justificación teórica que sirve para desarmar la lógica que regula la vida económica e imponerle una lógica diferente, surgida de la propia acción política. Aunque medida en términos de eficiencia puede ser muy pobre, su valoración surge de su consideración como justa. Y, sobre todo, como una especie de dominio total de la política sobre la vida económica, del bien común sobre el egoísmo.

Hecho este repaso, creo que es posible señalar algunas breves conclusiones. Creo que se puede ver que la propia noción de “justicia social” es fuente de un debate complejo y cuyos resultados pueden reconocerse, entre otras cosas, en la forma en la que los diferentes grupos plantean la relación entre Estado y mercado. Están quienes ven a la justicia social como una traba para el mejor desenvolvimiento del mercado, quienes en cambio ven a la justicia social como una consecuencia del mercado; otros ven a la justicia social como algo que incluye la acción del mercado, pero necesita también de una acción complementaria por parte del Estado, y finalmente están quienes ven a la justicia social como la justificación para que el Estado corrija e incluso anule el mercado. Creo que, si se tiene en cuenta estas diferentes perspectivas, muchas de las propuestas de los diferentes grupos políticos contemporáneos pueden ser reinterpretados y debatidos de una manera diferente.