La obra maestra de la legislación es saber dar con acierto el poder de juzgar”
Montesquieu, “El Espíritu de las Leyes” Libro XI, Capitulo XI
Mucho se puede comentar sobre el debate de candidatos que pudimos ver esta semana. En mi caso me dejó un sabor amargo sin ganadores ni perdedores. Mi impresión es que presenciamos el enfrentamiento entre dos personas desorientadas frente a la ciclópea tarea de exponer con claridad el cómo solucionaran los problemas que nos aquejan, tal como titula su artículo Diego Cabot en La Nación del lunes 23 de octubre.
Si omitimos del debate las chicanas, descalificaciones y remisiones a un triste pasado, solo quedan los argumentos de un inteligente e informado académico que expuso sus conocimientos económicos, frente a un personaje que -a mi juicio- forma parte del elenco estable de una obra maestra del terror cuyo resultado es la Argentina que vivimos. Ese personaje que hace mas de un año maneja todos los resortes del poder y hace mas de diez y siete que colabora con el populismo gobernante, solo atinó a repetir promesas que ya hemos escuchado hasta el hartazgo sin hacerse responsable de nada, ni ofrecer soluciones en lugar de gastados diagnósticos exculpatorios.
Pero, en mi opinión la parte menos sustanciosa del debate fue la referida al Poder Judicial, su independencia y su eficiencia.
Paradójicamente es el tema donde mas coincidencias hubo en el diagnostico; ambos candidatos piensan que la Justicia funciona mal y no es independiente. Pero allí quedaron los acuerdos.
El candidato “oficialista” (porque en mi opinión lo es, aunque quiera quitarse el sayo) aun cuando se le preguntó, no explico los fundamentos del inicuo juicio político a la Corte Suprema de Justicia cuya acusación es propiciada por el bloque de diputados a que pertenece y prohijada por representantes del partido político que lidera. Cabe recordar que el peronismo, líder de la coalición gobernante, ha tenido por costumbre desembarazarse de la Corte y los jueces que le molestaba para gobernar (juicios políticos de 1946 y 2002/2005; aumento del numero de jueces a 9 concretado por iniciativa de Menem, entre otras maniobras).
Me llama la atención que Milei no haya ahondado mas en este tema que es un ataque directo a la independencia del Poder Judicial. Obsérvese que de las causales que alegan para la destitución, las más trascendentes se apoyan en el contenido de las sentencias: el fallo a favor de CABA en materia de distribución de fondos, el comportamiento del presidente del Tribunal al asumir como presidente del Consejo de la Magistratura prevista expresamente en la ley vigente y la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la ley que regula ese Consejo, dictada en un caso concreto conforme a las atribuciones que le corresponden.
Nuestros tribunales han sentado el precedente que los jueces no pueden ser sometidos a juicio político por el contenido de las sentencias pues, de otro modo, su independencia quedaría herida de muerte.
Pero lo asombroso fue que, si bien se habló del tema y ambos candidatos invocaron la independencia de la Justicia como un objetivo prioritario, ninguno haya mencionado el camino para lograrlo. Y en esto, brilló por su ausencia la referencia a proyectos de reforma a la ley del Consejo de la Magistratura y a los sistemas de selección de jueces.
Cualquier organización judicial puede tener fallas que pueden utilizarse para demorar los juicios o que en su trámite y en las sentencias se vean influenciados por la política. Pueden realizarse reformas legislativas para remediar estos males (tampoco en el debate hubo propuestas substanciales), pero la principal manera de neutralizar este problema es tener jueces honestos, técnicamente preparados y dispuestos a hacer cumplir la ley por sobre sus intereses personales y de partido.
La razón de incluir el Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994 fue, justamente, crear un organismo técnico que acote la influencia política partidaria en la designación de los jueces. Este objetivo surge claramente del informe en la Convención Constituyente y del dictamen votado por mayoría. Lamentablemente, el Consejo de la Magistratura, en sus distintas composiciones (salvo honrosas excepciones) fracasó en este objetivo y hoy es un órgano partidario mas donde se designan los jueces principalmente por sus posturas políticas. Los concursos se ven influenciados por razones ideológicas, o por corruptelas que concretan designaciones a candidatos ubicados al final de las listas de mérito. No hay un Instituto de formación de jueces que tenga en cuenta el desempeño de los aspirantes e incida prioritariamente en el orden de mérito. Tampoco existen proyectos en este sentido orientados a la selección de un perfil del juez independiente y debidamente preparado.
Este es un tema fundamental para incluir como política de Estado. No basta la autonomía económica, como propuso Milei. No es ese el problema fundamental a encarar. Se trata de buscar sistemas de selección de los mejores y de esto nada se dijo. ¿Será que, a los políticos, estén o no en la “casta”, les conviene el estado de cosas actual?, ¿será que se llenan la boca invocando la independencia de la Justicia, pero cuando les toca el turno les conviene mantener un sistema discrecional, cuando no arbitrario de nombramientos judiciales?
Esperemos que estas graves falencias del “debate”, sean solo eso: maniobras tendientes a impresionar al electorado.
Excelente nota!!!