Cuando el Estado realiza o gestiona obras públicas para beneficiarios directos, como urbanizaciones, redes de servicios, irrigaciones, saneamientos, transportes, etc., toda la población paga el costo correspondiente de inversiones y de explotación a través de la carga impositiva, aunque gran parte de la población no las utilice. Las cargas impositivas en esa gran parte de la población resultan así inequitativas.
Al contrario, en el caso de obras públicas para beneficiarios particulares de la población, cuando esa población la realiza y opera a su cargo, la inversión es pagada solamente por la población beneficiaria; ello permite a la vez disminuir las cargas impositivas o aplicarlas provechosamente, en beneficio de toda la población.
Esa realidad expuesta debe tenerse en cuenta al considerar la manera de solventar los costos de ejecución de las obras públicas y de su operación.
Por otra parte, en el caso de obras públicas para beneficiarios particulares de la población, realizadas por el Estado, el actúa como intermediario de esa población, con el respectivo costo de intermediación, que aumenta el costo de las inversiones. Ese costo del Estado no existe cuando los beneficiarios directos afrontan las inversiones, ejecución y operación. Cabe observar también que el costo de intermediación del Estado corre paralelo al tiempo de ejecución, por lo cual ese costo puede resultar exagerado por las demoras habituales en la ejecución de las obras y descontrolado por toda la población que lo solventa a través de su carga impositiva.
Lo expuesto hace ver la conveniencia de afrontar las obras públicas de infraestructuras sectoriales e incluso de infraestructuras nacionales directamente por los beneficiarios.
El potencial de incorporar capital privado de riesgo en el desarrollo nacional es de incalculable magnitud. Para lograr esa incorporación privada basta la asistencia no onerosa del Estado nacional y de los Estados provinciales, según corresponda, para coordinar la planificación correspondiente y el ordenamiento organizativo para la ejecución y operación.
Siguiendo el criterio natural expuesto, este trabajo se basa en la cesión a entidades privadas por parte del Estado de los derechos de explotación de sus bienes inmuebles, muebles e infraestructuras existente y a construir, para producir riqueza para la población.
Al intervenir el sector privado en la ejecución y gestión de bienes públicos, se produce el ordenamiento natural del pago de los costos correspondientes y brinda además cinco ventajas significativas para la buena marcha del desarrollo: a) eliminación de los riesgos de los cambios de planes y de gestión que producen las alternancias de gobierno; b) incentivación de la creación de riqueza con la ejecución, la administración y gestión integral de los bienes e infraestructuras; c) eliminación de los costos de intermediación del Estado; d) concentración de los pagos de las inversiones solamente en la población beneficiaria directa cuando corresponde; y e) disminución de la carga impositiva en toda la población y una mejor aplicación de los impuestos.
Como principio general, el Estado pone a disposición de privados activos o posibilidades de activos, y el privado o entidad privada ejecuta las obras para su explotación y operación, financiando la inversión requerida, a cobrar de los beneficiarios, con el agregado de un canon a pagar al Estado cuando corresponde. Es el propio Estado quien fija el alcance del uso de sus activos ya existentes o recursos a explotar y controla su funcionamiento de acuerdo con lo establecido previamente. El canon o pago por uso, con determinado fin y bajo determinadas condiciones, puede ser de distinta característica jurídica, puede ser diferido, pari passu con ventas como el sistema de los principales shoppings, trueques en distintos ámbitos de la propia actividad, copartipaciones, etc.
Argentina tiene más recursos naturales per cápita que la mayoría de los países de gran nivel de desarrollo, por lo cual ofrece enormes oportunidades de actividades provechosas a toda la población. La posibilidad de sumar esfuerzos privados para el desarrollo y bienestar solo requiere planificarlo e identificar las prioridades, coordinando capacidades y experiencias.
Antecedentes y experiencias
Nuestro país puede mostrar antecedentes de toda índole de privatizaciones, que al mismo tiempo permiten analizar los resultados positivos y negativos, con sus distintas razones, para demostrar la utilidad de la participación privada en las obras de infraestructuras y explotación de recursos, sin resignar en nada la responsabilidad ética y funcional del Estado en la provisión de servicios públicos.
Hace más de siglo y medio que el Estado concesionó tierras y derechos para el transporte ferroviario, alcanzando decenas de miles de kilómetros. También hubo exitosas inversiones privadas en transporte urbano y provisión de energía, entre otras actividades.
Visiones confusas al no tener en cuenta el rol y responsabilidades de la población beneficiaria y sobre la capacidad, idoneidad y comportamiento de esa población con relación a la ejecución y administración de esos servicios, hizo invertir las responsabilidades en las obras y servicios públicos, afectando negativamente el flujo de expansión. Resultó así muy difícil encontrar un equilibrio razonable cuando se encaró la factibilidad y conveniencia de gestionar servicios que, por concepto funcional, son monopolios naturales. No obstante, numerosas experiencias, más allá de las mencionadas, abren el camino para continuar con las experiencias reconocibles que se citan, a título ejemplo:
- Autopistas del Sol, del Oeste y otras;
- 5 centrales hidroeléctricas del Comahue y otras de Cuyo, el noroeste y binacionales;
- cientos de miles de hectáreas bajo riego;
- telecomunicaciones;
- mantenimiento de caminos en decenas de miles de kilómetros;
- transporte urbano ferroviario en superficie y subterráneo, transporte de larga distancia de cargas y pasajeros;
- aeropuertos, puertos;
- agua potable, producción, transporte y distribución de energía eléctrica, producción transporte y procesamiento de gas y petróleo e innumerables actividades donde en general ostentan perfiles monopólicos por funcionalidad técnica. Todo ello, junto con las menciones a lo ocurrido hace más de un siglo, han formado parte de las experiencias nacionales.
Frente a las necesarias actitudes democráticas diferentes, que pueden llegar a impedir o dificultar el accionar concreto cuando llegan a niveles de no conciliar la pluralidad por multiplicidad de factores, corresponde hacer notar que contribuye a reordenar el pensamiento y encaminar el accionar: a) la claridad que brinda el reconocer que la mayor responsabilidad en la realización de obras y servicios públicos corresponde a los beneficiarios directos de las inversiones; b) la claridad que resulta de reconocer que corresponde categóricamente a los beneficiarios directos afrontar el pago de las inversiones para progresar y que en todos los casos solventar las inversiones recae sobre la población (toda en caso de infraestructuras nacionales o en infraestructuras sectoriales que se pagan vía impositiva y no por los beneficiarios directos solamente); y c) corresponde a toda la población privilegiar las realizaciones concretas para progresar, frente a las diferentes posturas, sin perjuicio de contribuir a perfeccionar el accionar para el desarrollo y bienestar.
Como una guía general, se exponen diferentes casos típicos de inversiones para el desarrollo y bienestar de la población y crecimiento del país, a completar y detallar para los requerimientos de cada lugar por los propios beneficiarios de cada región y lugar, con la asistencia de sus propias autoridades y de expertos de cada especialidad. Se agregan en Anexo datos significativos de algunas especialidades para confirmar la conveniencia de los esfuerzos a realizar.
(Extracto del documento de trabajo presentadao por el autor)
