(a propósito de la integración de la Corte Suprema de la Nación)
Un Juez es más y menos que un hombre. Más porque maneja la espada de la ley. Menos, porque no tiene corazón. (Víctor Hugo, “El 93”)
En la novela citada, el autor describe el ideal que la revolución francesa buscaba en sus jueces. Personas que sepan imponer la ley y que no se dejen llevar por sus sentimientos u opiniones políticas.
No cabe duda de que la frase tiene un cierto perfume racionalista. Frente a los abusos del poder absoluto sostenido por la monarquía y secundado por la nobleza, los burgueses, quienes se sostenían con su trabajo personal y pagaban las fiestas de la monarquía con los impuestos, soñaban con un “gobierno de las leyes” en el cual los jueces eran solo sus servidores y sus designaciones provendrían de las asambleas populares y no de cargos o privilegios otorgados por los nobles.
Este procedimiento contribuía al concepto de la independencia judicial, aunque no la erigía como parte del poder, en la forma que ocurría en la vecina Inglaterra donde, desde el siglo XIII en la carta magna, los varones le imponen al rey y al parlamento que debía respetarse las decisiones de “los jueces de la tierra”. Esta tradición fue continuada y adoptada por los Tribunales de EE.UU. y seguida por la nuestra.
La idea es que la Justicia, especialmente la Corte Suprema, se constituya con jueces elegidos por el presidente y avalado por el pueblo de las provincias, representado en el senado. Ello, a fin de darles independencia de los intereses sectoriales y de las maniobras y negociaciones política partidarias. Lograr ese ideal implica exigir que quien es propuesto para ocupar el más Alto Tribunal, haya demostrado honestidad imparcialidad y equilibrio para asegurar que resolverá las causas teniendo como norte la Justicia en cuanto esta se define como el “dar a cada uno lo suyo”.
Ciertamente, el hombre no es perfecto y es lógico que, frente a una o más vacantes existan negociaciones políticas. Pero estas deberían tener como beneficiarios o protagonistas a personas que, en su actuación profesional hayan demostrado sabiduría y honestidad.
Lamentablemente estamos pasando por un periodo que demuestra el abandono o incomprensión de estos elementales conceptos, por parte de aquellos que ejercen o aspiran ejercer del poder.
El Sr presidente, que baso su campaña y obtuvo el apoyo de la ciudadanía invocando su combate a “la casta” integrada-según su mirada- por los políticos, en muchas ocasiones afirmo que estos estaban sostenidos por la impunidad que les otorgaban los jueces federales denominados peyorativamente como “los hombres de Comodoro Py”.
Sin embargo, hoy está proponiendo para integrar la Corte a un fiel representante de ese lugar, sin ningún mérito académico y con una cuestionable conducta que lo llevo en dos oportunidades a enfrentar acusaciones en el Consejo de la Magistratura y que hace gala de su fortuna y de pasatiempos indignos y prohibidos a los jueces como es el juego de azar por dinero.
A su lado se propone el nombramiento de un académico que tiene todos los merecimientos para ocupar el cargo por su probada honestidad y conocimiento, el Dr. Manuel García Mansilla. Parecería que los términos del acuerdo con la oposición K seria: Uds. me permiten nombrar un juez cabal y, como contraprestación, el oficialismo propondrá y dará su voto para nombrar un candidato sin antecedentes, indigno para el cargo, pero que a Uds. les asegura impunidad.
Uno de los problemas prácticos a este espurio acuerdo es que hoy solo hay una vacante, que ocuparía el cuestionado Lijo. La segunda vacante se producirá recién en diciembre. ¿Hay alguna garantía que en el Senado se cumplirá lo acordado? ¿acaso no hemos sido testigos de la simulada ruptura del bloque hoy opositor para intentar obtener mayorías en el Consejo de la Magistratura?, ¿Qué ocurrirá con las diversas causas sensibles de aquí a diciembre donde Lijo integrará la Corte Suprema sin el “contrapeso” de García Mansilla?
En otras ocasiones, ante propuestas similares como fueron la de Reposo, para la procuración de la nación o Zaffaroni para Juez de la Corte Suprema de Justicia, el clamor de la ciudadanía evito el nombramiento de uno de ellos y logró que el segundo fuese designado con un acotado apoyo en el Senado.
A mi juicio deberíamos actuar en consecuencia. No se trata de un tema de abogados. Interesa a toda la ciudadanía.
Particularmente comparto con entusiasmo el cambio económico iniciado y propuesto por el presidente Milei. Pero el liberalismo económico que predica requiere confianza y esta solo podrá sostenerse en instituciones fuertes que aseguren la independencia y honestidad de nuestra Justicia.
