El presente artículo integra la publicación «Productividad Inclusiva» del IAE Business School, de la Universidad Austral (diciembre 2021). En la entrega pasada compartimos «La Calidad de Gestión Empresarial (CGE) como factor de la Productividad inclusiva (PI)», de Jorge La Roza. Para leer el dossier completo, hacé clic acá.
En una embarcación, cuando alguien cae al agua, la primera reacción es tirarle un salvavidas. Esa primera reacción de urgencia y preventiva debe ser necesariamente transitoria.
El objetivo final es abandonar el salvavidas y subirse al barco. Esta pequeña analogía sirve para explicar cómo creemos que el gobierno debe manejar la esencia de la política social de nuestro país en el contexto actual. Aquellas medidas tomadas en un contexto de emergencia que tenían como objetivo el sobrevivir a la pandemia generada por el COVID-19, deben ahora ser repensadas y transformadas. La emergencia obliga a ser cortoplacista.
A partir de la información presentada en el gráfico 1 podemos ver la evolución del gasto primario en términos reales comparando los primeros 9 meses de 2019, 2020 y 2021. Utilizando como base (igual a 100) los primeros 9 meses de 2019 (prepandemia), podemos ver que en términos reales el gasto se encuentra 18% por encima del nivel, ya elevado, de 2019. Es decir, un gobierno que reacciona ante la pandemia aumentando el gasto, 22% en términos reales (política acertada y mundialmente utilizada) pero de forma más permanente que transitoria.
La principal idea detrás de este artículo se podría resumir en: no gastemos más, gastemos mejor. Específicamente, las transferencias para programas sociales representaron $540.680 millones, representando una caída del 45% en comparación con el año 2020. De todas maneras, tomando como punto de comparación el año 2019, el gasto en programas sociales aumentó 179% en términos reales. Como tantas veces en la historia de la política social argentina, las decisiones tomadas en contextos de emergencia o crisis llegan para quedarse.
La composición del gasto en programas sociales en la comparación del 2021 con el 2020 pareciera ir en la dirección deseada. Como muestra la Tabla 1, las dos principales medidas de emergencia (IFE y ATP) caen fuertemente (96.3%). De todas maneras, esa fuerte caída es parcialmente compensada por el aumento en otros programas sociales. Principalmente potenciar trabajo, las políticas alimentarias y las becas progresar (71%, 27% y 63% respectivamente). Entre los 3, explican más de la mitad del gasto en programas sociales en los primeros 9 meses del 2021.
Desde el proyecto de productividad inclusiva en la Universidad Austral creemos que la formación profesional, la reinserción e incorporación de trabajadores al mercado formal debe ser uno de los objetivos centrales en la postpandemia. Para lograrlo es de vital importancia un ordenamiento del gasto social y particularmente un entendimiento del carácter transitorio de la dependencia económica del estado. La forma de ganar eficiencia en el gasto fiscal es a partir de lograr mejoras en las habilidades de quienes hoy dependen de un programa social. Controlando, exigiendo y proveyendo capacitaciones profesionales. Comprendemos y compartimos el rol del estado en la inclusión, sostenimiento y capacitación de aquellas personas que están fuera del mercado laboral formal. Pero creemos que es fundamental pensar la política social como un puente, un facilitador del ingreso al mercado y no como un salvavidas, como un acumulado de programas sociales tomados en situación de emergencia que dificultan el desarrollo y generan dependencia.