(Debajo, el autor desarrolla el resumen ejecutivo del artículo completo, que se puede descargar haciendo clic acá).
La mayoría de la sociedad ha votado hace pocos meses en dirección a la absoluta necesidad de un cambio para que Argentina vuelva a funcionar.
Puede haber distintas versiones sobre la fecha del inicio de nuestra decadencia, pero existe coincidencia que solamente el cambio ocurrirá si retomamos el cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución Nacional. Con su lógica apabullante, el cambio trata en esencia de volver a las fuentes y a los procesos que hicieron progresar nuestra Nación.
Obviamente, el escenario es ahora distinto. Este ensayo intenta ajustar dicho cumplimiento con el potencial que ofrece la enorme variabilidad tecnológica actual, aplicada a la diversidad de recursos que ofrece nuestro país.
Se coincide en que es necesario y conveniente, para hacer funcionar el conjunto que funcionen a pleno cada una de las 24 unidades político-administrativas que lo componen. También parece haber coincidencia que el centralismo es ineficiente y limitante para lograr las máximas potencialidades de las partes.
Aunque la convocatoria para un nuevo Pacto Federal no se dirige ni puede dirigirse a los ciudadanos, sino a sus representantes en el Congreso y particularmente a los gobiernos provinciales, es obvia la obligación de contribuir todos a salir de la decadencia.
Sintiendo esa obligación, este trabajo de ciudadanos comunes ofrece reflexiones e ideas en los sucesivos puntos para su discusión, análisis y mejoramientos o para provocar la creación de otras ideas para lograr el cambio necesario para progresar. Tales ideas, son fruto de más de 70 años de experiencia, con las alforjas llenas de éxitos y fracasos. Asimismo, son el resultado de entender la importancia fundamental de la planificación estratégica para unificar esfuerzos de todos los actores, como se observa en los tres continentes de América y en otros continentes.
En primer lugar, mientras se consolida el proceso de equilibrio macroeconómico y macro financiero, hay que establecer prioritariamente los objetivos de los desarrollos a realizar y cómo realizarlos. En nuestro caso se trata de explotar mucho más intensamente nuestros recursos. En efecto, Argentina tiene per cápita más recursos básicos (tierra cultivable, gas, minerales críticos, plataforma marítima explotable, etc.), que EEUU y la mayoría de los países altamente desarrollados; pero produce menos de un sexto del PBI de esas naciones.
Teniendo en cuenta esa situación de disponer de enormes recursos sin aprovechar plenamente, se observa que se requiere potenciarlos mediante las obras públicas necesarias (generalmente infraestructuras) y motivar la explotación mediante adecuados alicientes. Resulta así clave para Argentina potenciar la mayoría de sus recursos y explotarlos provechosamente para progresar.
La propuesta de cambio elegida mayoritariamente ya ha presentados cambios para la acción de gobierno; entre ellos no realizar más las obras públicas a cargo del Estado es una decisión que concuerda con la realidad de ser siempre la población la que solventa las obras públicas.
A ella se refiere el Punto 2 de este trabajo, que compendia reflexiones e ideas sobre las obras públicas. Las obras públicas de infraestructuras generales (nacionales) y sectoriales (provinciales y regionales o locales), son esenciales e imprescindibles para explotar los recursos y lograr el desarrollo. Se aclara que Precisamente por su carácter de obras públicas tienen como beneficiaria a la población que las aprovecha, la cual en consecuencia debe resultar siempre la responsable de solventarlas, pudiendo hacerlo vía impuestos específicos en todos los casos de infraestructuras generales o mediante aportes solamente de los beneficiarios directos en el caso de obras públicas sectoriales o regionales, como es lo natural y, como se ha realizado desde hace siglos atrás, con el uso de la herramienta de la plusvalía como recurso financiero directo o indirecto (garantía). La seguridad jurídica es imprescindible y de allí la necesidad de tener la protección de una ley votada por amplia mayoría. Siendo siempre la población la única responsable de solventar las inversiones, ellas resultan siempre posibles mediante: a) la aplicación de ahorros previos o de ahorros posteriores de mayor producción y comercialización, comprometidos con garantías suficientes y comportamientos inobjetables; b) seguridad jurídica; y c) otorgamiento de ventajas y alicientes respecto de otras oportunidades de inversión (por ejemplo, mediante coparticipación de plusvalías, de apertura de otras actividades provechosas, etc.).
Resulta inequitativo en muchos casos para la mayor parte de la población del país, que el Estado pague las obras públicas sectoriales o regionales mediante impuestos a toda la población, porque las aprovechan solamente los beneficiarios directos, quienes en consecuencia deben ser los únicos responsables de solventarlas.
Se aclara que la habitual e innecesaria ejecución por el Estado de las obras públicas, no elimina la realidad que las solventa siempre la población y, además, que, en el caso de obras de infraestructura, la intermediación del Estado para la ejecución y operación generalmente dilata las construcciones, los plazos, aumentando riesgos y, en consecuencia, incrementa los costos.
Finalmente hay un concepto previo de selección de las Infraestructuras. Este proceso es el corazón de la planificación estratégica, correspondiendo al Estado evaluar las implicancias, fortalezas y debilidades de cada proyecto, así como las oportunidades y amenazas de las diferentes actividades de desarrollo que se pueden potenciar en el país y cuyo escenario de análisis trasciende las fronteras y cubre la realidad cambiante de todo el planeta.
El trabajo incursiona además en referencias a los antecedentes de participación privada en infraestructura en nuestro país, que se inician a mediados del siglo 19 con el ferrocarril y sucesivas numerosas obras públicas realizadas por entidades privadas.
Se indica que es posible elaborar rápidamente un listado numerosas actividades locales, regionales y nacionales a reforzar y crear mediante participación privada, motivadas, alentadas y coordinadas en su planificación. por las provincias y el Estado nacional. Ese listado tendrá el objetivo de provocar nuevas ideas, complementarlas y promover iniciativas concretas, por ejemplo, en las áreas de la irrigación, la industrialización rural, la pesca, el transporte, el agua potable, el control del carbono, la industrialización minera, el desarrollo forestal, las aguas termales, la transición energética, las obras de naturaleza social y el carácter monopólico de los servicios.
