Busquemos la paz con las herramientas de la ley

“La Paz os dejo, mi Paz os doy; no os la doy como el mundo la da”

San Juan, 14-27.

Los últimos acontecimientos vividos en nuestro país nos vuelven a enfrentar con el drama de la violencia. La desaparición de Santiago Maldonado en circunstancias poco claras, el descubrimiento de nuevos hechos que avalan la tesis del homicidio del Fiscal Nisman, la toma de Colegios por estudiantes secundarios que no aceptan reformas a los planes de estudio, el desenmascaramiento de redes mafiosas que utilizaban la extorsión bajo la excusa de defender derechos de trabajadores para que sus jefes se enriquecieran a costa de los más necesitados y otros episodios nos recuerdan enfrentamientos y heridas todavía no cerradas.

El análisis de las noticias en los medios desnuda aviesas intenciones en la utilización de estos episodios para aprovecharlos en la campaña electoral. Parecería que es más importante el aprovechamiento político de las desgracias ajenas que el necesario esfuerzo para darle una solución institucional al desborde de violencia.

La Argentina necesita restaurar la Paz como un valor supremo que nos permita la reconciliación, el respeto por las opiniones de los otros y la búsqueda de coincidencias en aras de una sociedad más justa.

Pero la Paz, como dice Jesús en el pasaje citado, no es la que “el mundo la da”, entendiendo al mundo como aquello que se nos impone ya sea por la fuerza de un sector o por intereses individuales o partidarios. Nuestro Salvador habla de otro tipo de Paz a la cual, dentro de nuestras evidentes imperfecciones humanas, debemos orientarnos. Esa Paz solo puede estar sostenida en la Verdad. El problema es que, en nuestro mundo imperfecto, la verdad parece ser un concepto equívoco, inalcanzable u opinable. Nos dicen que no hay una única verdad, pero en realidad sabemos que sí la hay: es la adecuación de nuestro juicio con la realidad de los hechos. El problema se agrava cuando no funcionan adecuadamente las herramientas humanas para descubrir los hechos tal como ocurrieron.

Toda organización social debe contar con organismos de investigación idóneos y con Jueces honestos y preparados técnicamente para descubrir la verdad o, por lo menos, acercarse a ella dentro de lo humanamente posible. A su vez, estos organismos deben generar confianza en la ciudadanía pues su misión es dar la última palabra en el esclarecimiento de los hechos delictivos. A su vez, el Estado debe estar en condiciones de ejercer el monopolio de la fuerza dentro de la legalidad. Cuando existen grupos minoritarios o sectores violentos que cuestionan estos elementales principios de convivencia, se corre el peligro de entrar en una pendiente que lleva al enfrentamiento entre hermanos.

En las últimas décadas nuestro país vivió un sistemático cuestionamiento a estos principios. Como reacción a la violencia de los golpes de Estado que, dicho sea de paso, fueron fomentados siempre por sectores políticos interesados, parecería que, bajo la saludable instauración de la democracia, larvadamente se desarrolló el cuestionamiento a la autoridad en todos los órdenes y la tolerancia respecto de la violación a la ley. Frases como “no se puede criminalizar la protesta social” y otras similares llevaron a la inacción de las fuerzas de seguridad frente a flagrantes delitos. A su vez nuestra Justicia desnudó sus falencias materiales y humanas traducidas en causas de importancia institucional manifiesta, como el caso Nisman y la desaparición de Santiago Maldonado, que se reflejan en elementales errores cometidos en la investigación de los hechos para acercarse a la verdad: desorden, a veces intencionado, en resguardar los lugares donde ocurrieron los delitos para recolectar evidencias imprescindibles; declaraciones públicas de jueces y fiscales que comprometen la investigación; falta de decisión para realizar allanamientos en el lugar y tiempo indicado por temor a cuestionamiento o falso respeto a actitudes que se disfrazan de principios humanitarios. Todo ello muestra los obstáculos que hoy existen para reconocer la verdad y fundar en ella la Paz que tanto necesitamos.

Toda sociedad busca la paz. Pero ella puede imponerse por la fuerza fuera de la legalidad, o por la instauración de instrumentos institucionales que generen confianza por su eficiencia, independencia y honestidad. El segundo es el camino que debemos recorrer, dentro de nuevas circunstancias políticas que muestran el hastío de la ciudadanía al imperio de la corrupción, la prepotencia y la impunidad.