Carta del Director Editorial

La formación y selección de jueces

El fuero federal penal de nuestra Justicia vive actualmente una grave crisis de confianza y legitimidad. La ciudadanía duda de la independencia judicial  a pesar de los últimos avances en la investigación de delitos relacionados con la corrupción.

Esta desconfianza, lamentablemente, tiene un fundamento claro que se basa en un hecho evidente: en general los fiscales y jueces que hoy llevan adelante las investigaciones y producen avances positivos en los procesos  son los mismos que  tenían a su cargo esas causas durante los doce años anteriores, periodo en el cual los presuntos delitos se cometieron

Por un lado esa realidad puede interpretarse como un signo de independencia pues los jueces que hoy actúan no fueron designados por el actual gobierno, lo cual aventa cualquier sospecha de constitución de tribunales especiales o violación a la garantía constitucional del juez natural. Pero, por otro lado, se encuentra gravemente cuestionada la conducta de jueces y fiscales que han demorado causas contra funcionarios cuando estaban en ejercicio de sus cargos. Esta realidad permite que, con mala intención, se pretenda convencer a la opinión pública, especialmente en el plano internacional, que el juzgamiento de delitos comunes serían actos de persecución política. No es fácil explicar que las causas contra quienes presumiblemente cometieron delitos cuando ejercían el poder avanzan rápidamente  recién cuando dejan sus cargos.

Este gobierno y las organizaciones profesionales están realizando esfuerzos loables para cambiar esta realidad. Desde el Ministerio de Justicia se lleva adelante un plan integral de reforma judicial, Justicia 2020, uno de cuyos capítulos es el cambio del procedimiento penal a fin de hacerlo más transparente y accesible al público en general, simplificando su trámite para evitar dilaciones innecesarias e incomprensibles para el hombre común.  Con esa reforma se evitará la sensación de impunidad que trae aparejada la lentitud de los procesos.

Además, a instancias del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura lleva adelante una auditoría de la Justicia Federal Penal tendiente a detectar si existieron irregularidades en la actuación de los jueces que justifiquen su separación por los medios establecidos en la Constitución.

Todo ello es muy importante pero, a mi juicio,  insuficiente si queremos tener una Justicia independiente y de alta calidad. Las medidas tomadas, en general, miran al pasado cuando es necesario ocuparse en instaurar una forma de selección de jueces que garantice alta calidad y honradez en los futuros nombramientos.

La situación actual es consecuencia de nombramientos influidos  por la política partidaria que llevó a la politización de nuestro sistema judicial. Por lo tanto es urgente encarar la reforma del Consejo de la Magistratura y, a través de ella, asegurar sistemas de formación y selección de jueces basados en el mérito, la independencia, el coraje y la honradez. No podemos conformarnos con la utilización de un mal sistema con el falso consuelo que ya no lo aplican quienes tuvieron el control del Consejo hasta diciembre de 2016. Un deficiente sistema de designación de jueces no es mejor porque lo apliquen personas en que, circunstancialmente,  confiamos. Estamos ante una política de Estado con miras a la reconstrucción de la República.

El mejoramiento de la formación y selección de Jueces, es uno de los capítulos del Plan Justicia 2020. Es importante que el Gobierno Nacional no posponga esta reforma por temas o conveniencias coyunturales.

Sobre el autor

Director Portal Empresa

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Director de Portal Empresa, la revista digital de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

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