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Consejo de la Magistratura: el síndrome del anillo

“Es indispensable corregir la situación del Consejo de la Magistratura, porque no solo está politizado, sino que está dominado por el Poder Ejecutivo de turno. Todos declaman la independencia del Poder Judicial, pero cuando se trata de manejar el Consejo, todos tratan en realidad de tener el mayor poder posible. Este gobierno perdió la oportunidad de equilibrarlo”.

Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional, La Nación 31 oct 2019

 

El “anillo”

El párrafo que encabeza estas líneas se refiere al Consejo de la Magistratura y refleja claramente lo que llamo “el síndrome del anillo”, alegoría literaria de la magnífica saga de J.R.R. Tolkien. En sus obras, el anillo es un objeto maravilloso cuya posesión otorga poderes mágicos que pueden ser utilizados para el bien o para el mal. La tentación de apropiárselo es muy grande y los personajes nobles que caen en ella siempre recurren a la excusa de que lo utilizarán solo para vencer al mal. Por eso la misión del Hobbit Frodo es destruirlo para librar a los hombres de ese instrumento ambivalente que incita a la desmesura.

Es lo que suele ocurrir con algunos órganos institucionales defectuosos que, en lugar de derogarlos o perfeccionarlos, quienes llegan al gobierno, prefieren mantener sus vicios porque, en una mirada “cortoplacista”, piensan que les conviene para asegurar su poder. El caso del Consejo de la Magistratura es emblemático.

El Consejo de la Magistratura

En la reforma de 1994 fue introducido en nuestra Constitución Nacional, con el objeto de despolitizar la Justicia y asegurar su independencia. Estos propósitos surgen de las coincidencias básicas que llevaron a la reforma y del debate en la convención constituyente. Pero en su texto constitucional, con el voto en contra de la minoría, se introdujeron pecados de origen que no fueron superados en la legislación reglamentaria; más aún, sus defectos fueron potenciados hasta convertir el Consejo en una amenaza para la independencia del Poder Judicial.

Estos “pecados” son la imprecisión respecto a la reglamentación constitucional del equilibrio en su composición y otorgarle la administración del Poder Judicial a un órgano compuesto, mayoritariamente, por representantes de los otros poderes que la Justicia está llamada a controlar.

La coalición que en pocos días dejará el Poder Ejecutivo tuvo el claro objetivo de llevar adelante una reforma profunda en materia Judicial como política de Estado. Así lo desarrolló su Ministro de Justicia el Dr Germán Garavano mediante la instrumentación y exposición pública de un plan integral de reforma denominado Justicia 2020. En materia de organización administrativa y funcional sus buenos frutos son evidentes y sería deseable que las nuevas autoridades continuar esta obra. Pero, por diversas razones, quedó una importante asignatura pendiente: la reforma del Consejo de la Magistratura, no solo en su composición sino incluyendo disposiciones que aseguren sistemas eficientes para la formación y selección de los jueces.

Frente a la nueva distribución del poder que surgió de las elecciones, estamos ante la disyuntiva de mejorar el Consejo para que realmente cumpla su función de fortalecer la independencia y calidad del Poder Judicial, o mantener los actuales defectos que lo han convertido en un ámbito donde se negocian nombramientos sin importar la calidad de los aspirantes a jueces y con el principal objetivo de utilizar la Justicia para ganar o conservar sectores de poder en el ámbito de la designación y remoción de jueces o en la disposición de los recursos del Poder Judicial. Los resultados de esa perniciosa utilización están a la vista: una Justicia desprestigiada ante la ciudadanía y dividida por espacios partidarios en la lucha por el poder.

Sería deseable que el oficialismo y la oposición que surgieron de las últimas elecciones, tomen conciencia que reformar el Consejo de la Magistratura es una Política de Estado cuya instrumentación requiere del debate y el consenso de todos los sectores sociales y políticos para fortalecer los organismos de la Constitución dejando de lado posiciones partidarias de coyuntura.

Los ejes de la reforma

A modo de resumen de todo lo expuesto creo conveniente proponer los ejes que, a mi juicio, deberían seguirse en la reforma propuesta:

1) Afianzar el principio según el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación ejerce el gobierno del Poder Judicial y , por ende, las tareas que el Consejo realiza referidas a la administración del sistema están subordinadas a nuestro más Alto Tribunal;

2) Establecer el equilibrio entre los tres estamentos mencionados en la Constitución (Representantes de los órganos emanados de la voluntad popular, jueces, abogados y académicos) a fin de evitar que uno de estos estamentos por sí mismo pueda imponer el quórum, el poder de veto o la mayoría;

3) Estructurarlo como un organismo técnico que, en materia de selección y acusación debe dejar de lado criterios políticos partidarios mediante la instauración de cursos obligatorios de aspirantes a jueces que otorguen méritos importantes tendientes a dar mayor objetividad al proceso de selección.

Una Política de Estado

Existe una Política Agonal y una Política Arquitectónica. La primera es aquella actividad que aplica medios lícitos en la búsqueda y ejercicio del Poder; la segunda es aquella que tiene por objetivo diseñar organismos e instituciones duraderas que aseguren la estabilidad y el Estado de Derecho. Finalizó la etapa electoral donde prima la política agonal, llegó la época de la política arquitectónica que deberán consensuar el nuevo oficialismo con la oposición. Quizás es ingenuo pensar que, frente a la grieta y la falta de ideas que marcaron las campañas, podamos ilusionarnos en un acuerdo como el propuesto, pero es deber nuestro reclamarle a nuestros políticos asumir, de una vez por todas, su rol de estadistas.

Sobre el autor

Director Portal Empresa

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Director de Portal Empresa, la revista digital de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE).

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