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Consenso social y gasto público

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Escrito por Consejo Editorial

Editorial de invierno de Revista Empresa.

“Una condición para crecer sostenidamente es que las reformas necesarias lleguen por vía del consenso.
Es preferible una reforma que no sea perfecta para unos pero que sea a la que se llegó por consenso”.

Juan Vaquer, Presidente de ACDE (Diario La Nación, 23 de junio de 2019)

Dentro de los consensos necesarios para eliminar la actual grieta, un capítulo indispensable es acordar la forma en que el Estado obtiene y administra sus ingresos. En una familia la forma en que se obtiene el sustento y la orientación del gasto marcan los valores y preferencia de sus miembros. De la misma forma ocurre con las cuentas públicas. Por ello el capítulo más importante de una futura reconciliación es lograr un nuevo consenso social sobre el nivel del gasto, su composición, su financiación y, de esta manera, volver al equilibrio fiscal, respetando los principios de equidad y eficiencia tanto en éste como en la carga tributaria.

Hubo un tiempo que el mundo destacaba a la Argentina, entre un grupo de países con características similares, por su mayor potencial de progreso económico y social. Teníamos y tenemos sobre esos países (Canadá, Australia, Nueva Zelanda etc.) ventajas competitivas notables como son el clima, el potencial de nuestra tierra y otras que no es del caso enumerar. Pero el siglo XXI nos muestra que aquellos países con los cuales nos compraban y parecían destinados a tener un menor desarrollo que el nuestro, han progresado armónicamente y presenciamos, con dolor, como muchos de nuestros hijos emigran a ellos buscando las oportunidades que no tienen en nuestras tierras.

Los gobiernos de aquellos países donde van nuestros hijos, todos los años elaboran un presupuesto donde se asignan los gastos estatales estableciendo las prioridades basadas en aquello que la sociedad considera debe privilegiarse. Ese presupuesto, votado por los representantes del pueblo, prevé los ingresos fiscales proveniente de los impuestos y asigna los mismos conforme a las múltiples necesidades, teniendo siempre en cuenta el principio de la escasez. Si no reconocemos el principio de escasez y pensamos que se puede crear riqueza imprimiendo moneda, endeudándose en forma desmedida o extrayendo recursos de la actividad privada mediante impuestos injustos, el resultado será el “pan para hoy y hambre para mañana”, tan presente –lamentablemente- en la Argentina desde mediados del siglo XX hasta ahora.

En aquellos países los ciudadanos pagan sus impuestos en un marco previsible y reciben prestaciones de buena calidad. Es la base del contrato social, contribuir de una manera justa y equitativa para sostener un estado y recibir como contraprestación servicios de calidad de gobierno, justicia, seguridad, salud y educación. Por ello no se ven precisados a requerir servicios onerosos para atender su salud o su seguridad, lo cual es un signo claro de respeto de los derechos de los ciudadanos. El estado está al servicio de estos, imponiendo reglas claras de juego fáciles de cumplir.

Cuando las prioridades en el gasto están consensuadas y los ingresos se adaptan a ellas, cierran las cuentas y la evasión no tiene ningún fundamento, permitiendo aplicarle penas durísimas a las cuales se agrega la deshonra social hacia quien la comete

Por su parte, los funcionarios y políticos saben que deben rendir cuentas y una justicia independiente y eficiente es la garantía del control institucional de la constitucionalidad de los impuestos y de la aplicación del gasto.

En la Argentina de hoy rige el desorden en la ejecución del presupuesto, la evasión, por un lado, y la exorbitante presión impositiva por el otro, la desmesura del gasto social y los subsidios (que se hacen crónicos y hieren de muerte a la cultura de trabajo). En ese ambiente, el conocido clientelismo político, los profesionales de la protesta y el reclamo permanente alienta a los políticos débiles o aprovechados a sostener en sus propuestas la fácil solución de aplicar el dinero público a gastos innecesarios o no prioritarios y otorgar prebendas para aplacar enojos o ganar adeptos

Esto es el origen de los déficits crónicos del país, la razón de la pérdida de confianza, la causa del endeudamiento interno y externo, y el motivo por el cual nuestra dirigencia política, irresponsablemente y sin que nadie la controle, gasta de más sin consecuencias políticas ni jurídicas inmediatas. Nadie rinde cuentas.

Es necesario, entonces, un pacto político cuya base de sustentación es tomar conciencia que la “res-pública” (cosa pública) es de todos y debemos cuidarla, sentirla propia y proveerla de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines del Estado y, de esta manera, evitar la perversión del contrato social.

Ese pacto, que deberían suscribir todos los partidos y sectores sociales, implica consensuar medios para volver a la mesura, al control y al equilibrio fiscal sobre la base de acuerdos básicos respecto a las políticas de Estado. Es necesario que, en forma concreta y precisa, se establezca un orden de prioridades en el gasto y una política fiscal que transparente ante la sociedad el origen de los recursos con criterios de equidad y justicia. Se trata, en síntesis, de acordar las bases para lograr entre todo un equilibrio fiscal y una justicia eficiente que actúe sobre las desviaciones.

Ese pacto requiere información precisa sobre ingresos, presupuesto municipal, provincial y nacional. La gente tiene que saber qué se hace con sus impuestos y cuál es el orden de valores que orienta las opciones del gasto frente a la escasez. Esta información y conocimiento además de ser una obligación del gobierno, debería incluirse en los contenidos escolares porque hace a la educación básica de soberano-ciudadano.

El gobierno, del signo político que sea, ejerciendo el poder que el pueblo le delega, debe estar al servicio real de la gente, para convertirse en autoridad. El equilibrio fiscal es uno de los puntos de partida para poder empezar a transitar un camino histórico más digno, más acorde a nuestro potencial. Pero para ello, es necesario transitar un camino educativo, informativo y de necesidad de cambio genuino. Para volver a ser un país de oportunidades para todos los que estén dispuestos a progresar en base al trabajo y el esfuerzo, la toma de riesgos y la competencia. Cosa que no es fácil de hacer, pero es el único camino para frenar la decadencia.

¿Es esto posible? Desde ACDE, creemos que sí.

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