En Argentina, cualquier persona que sale a buscar un empleo formal sabe que uno de los requisitos que imponen las empresas para acceder a él, es la presentación del certificado de buena conducta. Otro tanto ocurre en el empleo público cuya condición para el ingreso es no tener procesos criminales abiertos. Sin embargo, este requisito no es exigido a la hora de presentarse a un cargo público electivo, donde solo la condena firme aparece como un limite al ejercicio del derecho electoral activo para ejercer cargos de representación política.
Este requisito de condena firme no es exigido por la Constitución Nacional ni por los Tratados internacionales subscriptos por la Argentina para luchar contra la corrupción.
De hecho el Pacto de San José de Costa Rica cuando se refiere a los límites en el ejercicio de los derechos políticos establece q basta la simple condena por juez competente para privar de ellos a una persona.
En este sentido la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece que los Estados deben considerar la adopción de medidas legislativas y administrativas, en consonancia con los objetivos de la Convención a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos.
El requisito de la sentencia firme puede ser indispensable para la imposición efectiva del cumplimento de la pena pero aparece como excesivo en otras esferas como la electoral, ya que la simple condena puede acarrear consecuencias electorales de tipo cautelar ante hechos de corrupción .
De hecho cuando una revisa la legislación electoral actual ve como un procesamiento tratándose de delitos de lesa humanidad impide de la posibilidad de presentarse como candidato.
Por ello, en el caso de mi proyecto proponíamos un sistema escalonado que contemplara para los casos de delitos de corrupción, condena en primera instancia, atendiendo al status que lo otorga nuestra Constitución a estos hechos, considerándolos como un grave atentado al sistema democrático. Y para el resto de los delitos dolosos sentencia confirmada en segunda instancia.
El proyecto de “Ficha limpia” apunta a volver más transparente el sistema y elevar la calidad y las condiciones de integridad mínimas que deben cumplir quienes aspiren a ejercer cargos de representación.
La corrupción mata
Cuando se cometen hechos corrupción se vulneran, se lesionaba y menoscaban todos y cada uno de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, el derecho a la vida, la libertad, a la integridad física, el derecho a la salud y la educación, el derecho a una vivienda y la seguridad personal se ven seriamente conculcados ya que los fondos previstos para garantizar su efectivo cumplimiento terminan en el bolsillo de funcionarios inescrupulosos.
Según la “Guía de para el Recupero de Activos de Origen Ilícito” elaborada por Naciones Unidas y el Banco Mundial, los funcionarios corruptos en los países en desarrollo y en transición saquean hasta US$40.000 millones cada año, ocultando esos fondos en el exterior, donde son extremadamente difíciles de recuperar. Esta cifra es equivalente al PIB anual de los 12 países más pobres del mundo, en los que viven 240 millones de habitantes
La corrupción no es inocua, la corrupción mata. La tragedia de Once es la prueba cabal del daño que genera. Debemos cortar con los pactos de impunidad, perseguir y condenar a quienes utilizan los poderes del estado como un aguantadero, desfinanciar a las mafias que contaminan al Estado y desmantelar el circuito de corrupción, ya que no se trata de hechos aislados. Cuando ocurre un hecho de corrupción no solo existen dos partes implicadas, el que paga y el funcionario que recibe el soborno, es necesario una organización que garantice impunidad a través de un aceitado mecanismo de complicidades, encubrimientos y omisiones.
Cuestión de tiempo
No tengo dudas de que tarde o temprano, el proyecto de “Ficha limpia” será ley porque la sociedad lo reclama y porque no podemos ni debemos repetir los errores del pasado. Los avances en materia de transparencia que hemos vivido en los últimos años, no han sido en vano. Argentina debe demostrar -puertas adentro y a nivel internacional- el compromiso que asumió en la lucha contra la corrupción, que tiene que ser tomado como una cuestión de Estado para erradicar este flagelo. Es imprescindible que entre todas las fuerzas políticas establezcamos un piso mínimo de transparencia e integridad y sellemos consensos mínimos para cuidar nuestra democracia.
Donde hay que firmar